Mediante el decreto 927 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que algunos bienes de capital utilizados por la industria hidrocarburífera dejarán de importarse con un arancel del 35% y pasarán a tributar el 14% o el 0% en algún caso.

Se trata de máquinas de sondeos rotativas no autopropulsadas, utilizadas para la perforación de pozos; filtros o ciclones depuradores de aire, y construcciones prefabricadas metálicas cuyas posiciones arancelarias habían sido incluidas en la lista de 100 productos a los que en enero, el Gobierno les había aumentado a 35% el derecho de importación. Se trató de excepciones del Arancel Externo Común (AEC), que para la mayoría de los bienes de capital alcanza al 14%.

Se trata de un beneficio que tendrán todas las empresas petroleras inscriptas en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que lleva la comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones del sector en la órbita del viceministro de Economía, Axel Kicillof. “Se trata de una medida tomada especialmente para las inversiones que está haciendo YPF, que cuando quiso importar unas máquinas especiales para perforación se encontró con que tenían el 35%”, dijeron fuentes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). Tras el acuerdo, también beneficia a Chevron.

Una vez enfrentados con el problema, técnicos de la petrolera se quejaron ante la cámara por haber incluido esos productos que necesitaba importar siendo que no se producen en el país. Pero en Adimra admiten que la lista se realizó sin demasiado control y que cada área del Gobierno –Kicillof, Moreno y Giorgi– propuso determinadas posiciones arancelarias y luego juntaron todas. Desde la cámara metalúrgica enviaron una nota al Gobierno y hasta su titular, Juan Carlos Lascurain, debió hacer gestiones para intentar resolverle el problema a la propia petrolera nacional.

A partir del decreto de ayer, las máquinas utilizadas para la perforación pasarán de tributar 35% a 0%, mientras que en caso de los filtros y las construcciones prefabricadas, se les redujo el derecho del 35% al 14%. De todos modos, el Ministerio de Industria deberá determinar que no exista producción nacional ni el alza del arancel afecte negativamente su potencial desarrollo.

La norma busca enmendar algunos errores de esa “lista de excepciones al AEC”, pero también se enmarca en la estrategia encarada por el Gobierno para facilitar las inversiones del sector petrolero y comenzar a revertir el actual escenario de déficit energético que cada vez le cuesta más dólares al Gobierno. La balanza del sector cerraría el año con un rojo de u$s 8.000 millones, según estimaciones privadas.
En los considerandos del decreto, se apunta que el objetivo es “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social”.