Con estos contrastes se discutieron las conclusiones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, según su sigla en inglés).

La reunión, confirmada por fuentes del FMI y del Gobierno a La Nacion, fue el punto final de esta revisión desarrollada en marzo pasado en Buenos Aires por una misión técnica conjunta del organismo que conduce Christine Lagarde y del Banco Mundial. Y si bien el encuentro se llevó a cabo el 12 de este mes, hasta ahora no había trascendido.

Allí, según las fuentes, hubo una clara división en el tono elegido para hablar de las cifras y de la política financiera. Por un lado, se destacó el panorama que presentan las entidades del sistema local en términos de liquidez y de solvencia, en la ruta adoptada para cumplir con las reglas prudenciales de Basilea III.

En particular, se elogiaron los avances logrados desde la crisis de 1998-2002, en términos del aumento de la liquidez y la solvencia, en paralelo a una menor exposición al sector público en relación a la década del 90. Esto se refleja en el aumento de los depósitos del sector privado, pese a que se mantiene, afirmaron, un promedio muy corto en los plazos de las colocaciones.

Sin embargo, hubo dos ejes de cuestionamientos en el informe y en la discusión, que apuntaron al corazón de la política crediticia y de inversión pública del kirchnerismo.

Por un lado, se criticó la decisión del Banco Central, que conduce Mercedes Marcó del Pont, de obligar a los bancos a aportar un 5% de sus depósitos para otorgar créditos al sector industrial a una tasa subsidiada.

Desde junio del año pasado se colocaron $ 34.000 millones y en este segundo semestre las entidades financieras deben colocar otros 20.000 millones de pesos.

La tasa para los créditos es del 15,2% y el plazo mínimo al que deben ser otorgados es de 3 años: ambas condiciones, aplaudidas por la industria, son consideradas poco realistas por los banqueros, ya que se trata de una tasa que se ubica debajo de la inflación medida por consultoras privadas y provincias, y de un plazo muy largo frente al promedio de los depósitos privados.

En su descargo, el Gobierno indicó a través del representante argentino en el organismo, Sergio Chodos, que los bancos presentan una alta rentabilidad que debe ser canalizada para lograr un alza del crédito productivo al sector privado. Sin embargo, los bancos argumentan que la rentabilidad nominal del 25%, destacada por el BCRA, es mucho más baja si se la considera en términos reales.

El otro foco de las críticas giró en torno de la estrategia de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses, sobre la base de los aportes de los futuros jubilados. El FGS, según el jefe de la Anses, Diego Bossio, comenzó con $ 98.082 millones en diciembre de 2008 y ascendió al 30 de abril de este año a $ 280.567 millones.

Aunque disminuyó la participación de la Anses en títulos de la deuda pública en relación con la cartera de las AFJP, no mejoró el mecanismo de transparencia en la negociación de los bonos. De hecho, existe una denuncia penal por los precios a los que se negocian estos títulos, mediante un mecanismo de selección discrecional de los bancos asociados al organismo previsional.

Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que "las críticas del FMI tienen que ver con su ideología promercado, no con la realidad".

En las reuniones en Washington en las que se evalúan esta clase de informes, los directores ante el FMI de cada país debaten su postura respecto del informe del staff. En este caso fue realizado por los técnicos de los departamentos del Hemisferio Occidental y de Mercado de Capitales.

La publicación de los documentos sobre los países examinados es, según las reglas, "voluntaria pero presunta", lo que, en la jerga del FMI, significa que aunque depende de la voluntad de cada gobierno, el organismo alienta su difusión pública.

Sin embargo, el Ministerio de Economía dio a entender que no tiene pensado difundir este informe, realizado tras arduas negociaciones, ante la negativa original del Gobierno a recibir a una misión en el país..