Por Pablo Fernández Blanco - La ola de intervención del mercado y preponderancia estatal que llegó al negocio petrolero de la mano del viceministro de Economía, Axel Kicillof, pegó de lleno en las empresas privadas del sector. Durante las últimas semanas, las principales compañías petroleras del país recibieron una nota de la Secretaría de Energía, al mando de Daniel Cameron, que los inquietó como pocas veces antes. El texto les pide permiso para revelar parte de los datos sensibles que las empresas le envían periódicamente a esa cartera. Concretamente, les solicita revelar esa información a consultoras privadas que se encargarían de realizar un "estudio más profundo" de esa información para la mejora de la actividad de hidrocarburos en el país, de acuerdo con los argumentos que esgrime el pedido oficial, según reprodujeron tres fuentes privadas a LA NACION.

La nota reclama a las compañías que en no más de 15 días, luego de recibida, presenten sus eventuales objeciones a que se comparta la información con la consultora. En caso de no presentarlas, "se tendrá por autorizada dicha revelación", sostenía.

Una de las consultoras involucradas es VYP, una compañía de perfil técnico que, de acuerdo con los empresarios del sector, tiene una larga trayectoria de asesoramiento a empresas en el denominado upstream (así se llama al segmento de exploración y producción de hidrocarburos). Energía le pidió que revisara los números de reservas petroleras en la Cuenca del Golfo San Jorge (parte de Chubut y Santa Cruz) para verificar la posibilidad de aumentar la producción en esa zona.

Energía también pidió permiso para abrir al análisis de otras compañías los planes de inversión presentados por las petroleras el año pasado, en el marco del decreto 1277, que virtualmente le dio a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que lidera Kicillof y también integran Guillermo Moreno y Cameron, la capacidad de intervenir en el mercado mediante la fijación de precios, entre otras cosas.

 

 

Desde su conformación, el objetivo de la Comisión era recuperar el impulso de la producción nacional de crudo y gas, algo que hasta ahora no ocurrió. De acuerdo con números oficiales, la producción de petróleo cayó 3,56% en el primer semestre del año. El dato que más le molesta al Gobierno, sin embargo, es el tropezón en la oferta de gas. Éste es el principal insumo de la matriz energética argentina y bajó casi 7% en los primeros seis meses del año.

El otro gran objetivo de la Comisión fue la elaboración de un plan petrolero nacional, algo que hasta el momento no se difundió. En el sector petrolero estiman que el pedido de ayuda a consultoras privadas puede responder a esa necesidad.

Negativa privada

La respuesta del sector petrolero al pedido de Energía fue, hasta ahora, contundente: nadie quiere revelar datos que considera sensibles para su negocio y habitualmente brinda sólo al Gobierno, no a otra empresa privada. Reclaman, además, que el análisis en profundidad es una tarea del sector público, más que de otra compañía.

Las petroleras analizaron el pedido con sus abogados, quienes sostuvieron que la autoridad designada por el decreto 1277 es una comisión de la cual la cartera de Energía -que hizo el requerimiento- es sólo uno de los integrantes, y no la preside.

Por otra parte, destacan que cedieron la información al Gobierno con carácter de declaración jurada amparada en cuanto a su confidencialidad.

Los abogados petroleros coincidieron en que el decreto 1277 no contempla la participación de consultores o asesores externos a la Comisión, sino todo lo contrario, dado que ese cuerpo se muestra autosuficiente a los fines de evaluación y seguimiento de proyectos. La conclusión de los departamentos legales es casi evidente. Les dijeron a sus directorios que la información requerida "es crítica" y "puede dañar a la empresa en caso de llegar a manos de terceros o competidores", según explica un documento interno al que tuvo acceso LA NACION. Por eso, recomiendan no aceptar el pedido que les planteó Energía.

Pedido de amparo por Vaca Muerta

La candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires del frente UNEN Fernanda Reyes presentó ayer un recurso de amparo ante la Justicia para que la Secretaría de Energía informe sobre el acuerdo entre YPF y Chevron. En el pedido, reclamó datos sobre los términos económicos del convenio. "Existe un secreto absoluto y un sorprendente silencio por parte del Gobierno en lo que respecta al emprendimiento de Vaca Muerta", sostuvo en un comunicado.

En julio, Reyes presentó un pedido de informes ante la cartera de Energía para "acceder al convenio firmado por las dos empresas y conocer detalles sobre la explotación no convencional de petróleo y gas que se llevará a cabo en Vaca Muerta"..

Del editor: qué significa.
El Gobierno pidió a las petroleras información que en cualquier país es confidencial; y el riesgo es que esos datos terminen en otras manos.