En los sitios bizapedia.com y ohuiginn.net/panamá , entre otros, aparecen los nombres de las sociedades de extranjeros en Estados Unidos y Panamá, respectivamente. De allí, entre otras bases de datos, surgieron los nombres de 1108 contribuyentes argentinos que, tras ser intimados, rectificaron sus declaraciones juradas del impuesto a los bienes personales para declarar patrimonio en el exterior. En el primero de los sitios virtuales (bizapedia.com) aparecen los nombres de varios empresarios que tienen sociedades a su nombre -sin la cobertura de un directorio- y que son investigados por la AFIP.

Entre ellos están un poderoso empresario muy ligado al kirchnerismo (que también es investigado en la Justicia por lavado de dinero), un reconocido diseñador de zapatos de alta gama y uno de los herederos del dueño de un servicio público.

En cambio, los inspectores del organismo que conduce Ricardo Echegaray se sintieron defraudados cuando comprobaron que el nombre de Sergio Massa que figuraba con 14 sociedades en Miami no era el ganador de las recientes elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, sino un homónimo.

En el segundo sitio (ohuiginn.net/panamá), apareció, en cambio, una figura no investigada aún por el organismo fiscal; se trata de un funcionario que tiene un importante cargo político en un ministerio nacional y que es el primo de un ex presidente, ya fallecido.

En las últimas semanas, tanto Echegaray (en un encuentro de IDEA) como el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Horacio Curien (en Forum), destacaron públicamente el éxito del régimen de fiscalización electrónica, que arrancó en marzo pasado, para lograr un aumento de la recaudación tributaria.

Ambos funcionarios explicaron que, a partir de bases de datos que compran y a la información aportada por países con los que la Argentina firmó acuerdos de intercambio de información fiscal, se avanzó en la investigación de los más de mil contribuyentes con sociedades en el exterior.

A partir de 765 fiscalizaciones electrónicas realizadas a personas físicas que no habían exteriorizado participaciones societarias o bienes en el exterior, se logró sumar una recaudación adicional por $ 3224 millones, de los cuales la mitad correspondió a títulos y acciones. Se eligió a los contribuyentes por el cruce entre sus ingresos declarados y sus gastos en la Argentina (con los 54 regímenes informativos) y en el exterior.

En el formulario de tres páginas, la AFIP les pidió que detallen la cantidad de acciones en esas sociedades; porcentaje de participación; valor, forma de pago y fecha de adquisición de la participación; cargo desempeñado en el órgano de administración, junto con la fecha de inicio y finalización de esa tarea. Además, se les exigió que aclararan si presentaron declaraciones rectificativas sobre el impuesto a las ganancias, bienes personales y el régimen de información de la RG 3293/2012 (referido al régimen de información anual de participaciones societarias).

El volumen de la recaudación adicional -que sorprendió a las propias autoridades de la AFIP, ya que en 2012 casi no se habían presentado rectificaciones por bienes en el exterior por el ejercicio 2011- surgió de bienes radicados en Estados Unidos, Uruguay, Suiza, Chile, Brasil e Italia, en ese orden. Además, por rentas en el exterior se lograron $ 204 millones de base imponible del impuesto a los bienes personales, surgidos de alquileres de propiedades en Uruguay; renta de títulos de dividendos de Suiza, Bahamas y Estados Unidos, y retribución por dirección de sociedades en el Reino Unido y Estados Unidos. El tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, dijo a LA NACION que "la fiscalización electrónica es una importante herramienta para la AFIP, porque permite agilizar las investigaciones a través del cruce informático de datos relevantes".

Sin embargo, aclaró que "habrá que ver la opinión de los jueces en cuanto a la legitimidad de la prueba obtenida por este medio". Al respecto, opinó que "las tareas de fiscalización requieren ser ejercitadas sin menoscabar los derechos de los contribuyentes, la aplicación de sanciones como la suspensión del CUIT o del registro de operadores de granos, sin el debido proceso de derecho de defensa, vulnera garantías constitucionales".

El especialista Carlos Fernández, de la firma Crowe Horwath, dijo que "es posible que la fiscalización electrónica ayude al mayor éxito del blanqueo de moneda extranjera", que hasta ahora logró apenas 25 millones de dólares.