Así lo expresaron ayer a LA NACION en Buenos Aires y Nueva York diversos representantes legales y financieros de acreedores privados que participaron de las reestructuraciones soberanas para salir del default.

En este sentido, fuentes ligadas a los demandantes adelantaron que pedirán en los próximos días a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se levante el suspenso ("stay", en inglés) sobre el fallo, dada la intención de la Argentina de "desobedecer" la ejecución de la sentencia.

Por otro lado, los bonistas que entraron a los canjes previos creen que, con el tercer canje, se pueden sumar algunos fondos que tienen bonos en default (Fidelity, Gramercy, Greylock y Fintech, entre otros).

Sin embargo, aclararon que esta operación voluntaria no solucionará el problema que enfrenta la Argentina ante la justicia norteamericana, que ordenó pagarle a un grupo de fondos buitre y de minoristas el 100 por ciento de lo que reclaman, unos 1330 millones de dólares.

Todos los inversores expresaron su sorpresa por el timing elegido por la presidenta Cristina Kirchner para realizar el anuncio de anteayer, al indicar que puso en riesgo el beneficio del suspenso, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos aún no decidió si toma el caso o no, algo que, según los demandantes, ocurrirá entre septiembre y octubre.

Diego Ferro, codirector del fondo de inversiones Greylock, dijo a LA NACION que "el cambio de jurisdicción era previsible y no me queda claro cuánta aceptación va a tener; no va a evitar que la Argentina entre en default si, de alguna manera, el Bank of New York retiene pagos".

"Es un parche para patear el problema de fondo para más adelante. Va a tener algún éxito, pero sólo parcial y a corto plazo", agregó.

Pablo Giancaterino, abogado de los bonistas minoristas argentinos, consideró que serán pocos los que quieran cambiar de lugar y de ley de pago, porque "el riesgo de pesificación es muy grande y la seguridad jurídica es baja".

En la misma sintonía, Horacio Vázquez, de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd), dijo a LA NACION que "es un riesgo muy grande traer plata a la Argentina, a menos que esté garantizada la salida, y esa certeza sólo correrá para los grandes inversores que tienen negocios con el Gobierno".

Dos fuentes de fondos de Wall Street afirmaron que la oferta de cambiar la plaza de pago "puede ser interpretada como una desobediencia a la Corte de Apelaciones, que podría levantar el stay". Esto implicaría, por ejemplo, que el Gobierno no podría trabajar con sus abogados o agentes de pago para cambiar el domicilio para abonar.

Esta percepción negativa la ratificó Ferro: aunque la Argentina presente estas iniciativas como una muestra de buena voluntad, los jueces "pueden tomarlo como un acto para evadir la sentencia" del viernes pasado.

"Cómplices"

Un economista argentino de excelente diálogo con el sistema financiero fue un paso más allá: "Los fondos de inversión difícilmente puedan cambiar sus bonos con ley extranjera por otros con ley nacional, porque podrían ser considerados cómplices de la Argentina", advirtió, tras dialogar con abogados de bancos de Wall Street.

ATFA, que agrupa a los fondos buitre, ya anticipó su oposición al plan, al anunciar para hoy una teleconferencia llamada "Las ramificaciones del plan de la Argentina para evadir su deuda".

En relación con la segunda reapertura del canje para los bonistas en default -que quedará abierto sin un plazo predeterminado, según fuentes del Ministerio de Economía- Giancaterino dijo que "Gramercy y Fintech, que tienen mayoría de los bonos en algunas series, van a entrar por sus acuerdos con el Gobierno, así que para ellos va a ser un éxito". Lo que no va ocurrir, adelantó, es que "entren los minoristas".

Vázquez consideró: "Si los minoristas ya aguantamos 12 años, podemos aguantar otros dos hasta que cambie el Gobierno". En tanto, Ferro afirmó que "la reapertura del canje nos interesa y nos parece razonable, aunque no soluciona el problema de fondo, que son las sentencias a favor de Elliot".

El director de un fondo que maneja inversiones de argentinos en el extranjero dijo que "el canje en sí no puede ser leído como una desobediencia a la Corte de Apelaciones, aunque habrá qué ver qué ocurre cuando les paguen a los bonistas que entraron a los canjes y no a los holdouts ".