El cambio de jurisdicción para el pago de la deuda que hoy está bajo ley extranjera obligará a la Argentina a presentar una propuesta bastante más atractiva a los inversores si lo que se pretende es evitar el default. Dos de las tres principales calificadoras de riesgo presumen que es muy probable que la nueva propuesta argentina contemple "pérdidas" para los bonistas, tanto por los mayores riesgo de la forma y el lugar de pago que se defina, como por el menor valor presente que tengan los activos que pretendan reemplazar el stock actual. Además, advirtieron que los últimos anuncios de la presidente Cristina de Kirchner no alcanzarán para disipar la incertidumbre; y que sus decisiones sobre la calificación argentina dependerán, más allá de lo que proponga la Argentina, de la decisión que tome la Corte de Estados Unidos en el litigio del país con los holdouts. 

El Gobierno anunció el lunes pasado que enviará un proyecto de ley al Congreso para abrir un tercer canje de deuda, tras el fallo judicial adverso que recibió en Nueva York y que deberá apelar en la Corte de Estados Unidos; y que, para evitar embargos, propondrá a quienes tienen deuda bajo legislación extranjera cambiar la forma y el lugar de pago con el reemplazo por bonos bajo ley local. Hay que esperar. 

La jurisdicción es importante. Nuestra calificación de los bonos se hace de acuerdo con las condiciones originales, y eso incluye la jurisdicción. Si hay un cambio, lo que se analiza es si la nueva propuesta compensa ese cambio e iguala la propuesta anterior. Hay muchos escenarios que hoy están abiertos; la nueva propuesta no disipa la incertidumbre", comentó el analista soberano de la calificadora de riesgo Standard and Poors (S&P), Sebastián Briozzo. 

El stock de deuda argentina que está en mano de los holdouts asciende hoy, sin contabilizar intereses y punitorios, a los u$s 7.000 millones; el de los bonos bajo ley extranjera, otros u$s 28.000 millones. En Standard and Poor's asignan a la deuda argentina una calificación de B-. "Depende de las especificidades de la propuesta: la denominación de la moneda, la tasa de interés y el plazo que se acuerden, si la iniciativa es opcional o si es obligatorio. Todas estas cosas se analizan". 

"La calificación que tenemos desde hace ya un tiempo ya incorpora toda esta incertidumbre, que en cierto modo no se ha disipado. La calificación es una opinión hasta que hay un incumplimiento. Si el pago no llega a los tenedores, para nosotros es default. De ahora en más el elemento más importante es la Corte", amplió Briozzo. Un nuevo recorte dejaría la nota argentina en el siguiente escalón: "CCC", destinado a quienes ya tienen un grado de incumplimiento o una probabilidad muy elevada de default.

En Moody's, la última agencia en decidir una baja de la nota en abril pasado, la calificación es de B3 para los bonos del país con legislación local, y de Caa1 para los que están bajo legislación extranjera. "De algún modo lo que plantea el Gobierno es que la deuda legislación extranjera pueda pasar del grupo de Caa1 al B3. En este sentido, la clave para nosotros sería que no haya ningún cambio en el ínterin: que no solamente se pague en la moneda y los plazos ya pactados, sino que además que aquellos bonistas a los que transfieran los dólares puedan girarlos sin problemas a cualquier parte del mundo. Porque, si hay una pérdida de dinero para el inversor, habría un default técnico", comentó a este diario el analista soberano de esa agencia, Gabriel Torres.

La Argentina está hoy en el escalón 17 de un total de 21 que tiene establecidos la calificadora para opinar sobre la situación de deuda de cada país. "Hasta una decisión final de la Corte que podamos medir, lo que consideraremos es si la propuesta del Gobierno incluye una pérdida de valor presente", agregó. Si existe tal pérdida (por el mayor plazo o la menor tasa de los nuevos bonos), la nota podría caer hasta el "C", de los incumplidores; si no la hay, podría decidirse, incluso, un ascenso de un escalón para la nota bajo legislación local. Pero que quedaría en suspenso, eso sí, hasta el fallo de la Corte.