El juez federal de Estados Unidos Thomas Griesa evaluará hoy formalmente si la Argentina violó su sentencia al promover el cambio de legislación y de lugar de pago de sus bonos reestructurados, como una forma de eludir el fallo que el juez dictó en favor de los holdouts.

El magistrado del distrito federal de Nueva York convocó a una audiencia a las 13 de la Argentina con los fondos demandantes y con los abogados que representan a la Argentina, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

Fuentes ligadas a la causa indicaron a LA NACION que el hearing de hoy es consecuencia del anuncio que la presidenta Cristina Kirchner hizo el lunes pasado, cuando dijo que buscaría pagar en el país los bonos que hoy se pagan en el extranjero. Luego del fallo adverso de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Presidenta dio a conocer la oferta, junto con el de la segunda reapertura del canje de la deuda. Aunque ambas medidas buscan demostrar la voluntad de seguir cumpliendo con todos los acreedores privados, la audiencia de hoy y el pedido del fondo NML a la Corte Suprema norteamericana para que no considere el caso argentino parecen estar logrando el efecto contrario.

Si Griesa acepta el argumento de los demandantes, podría declarar en desacato -un delito grave en Estados Unidos- al Gobierno, a los bancos que transfieren sus fondos y hasta a los bonistas que aceptaron los canjes para salir del default. Esta semana, la Presidenta consideró que "el fallo de Griesa ignora el acuerdo con el otro 93% de los bonistas", que aceptaron una quita en sus títulos públicos. Los abogados de los demandantes plantearán este escenario en la audiencia.

En marzo de 2012, el veterano magistrado -que, por las vueltas del expediente, hoy volverá decidir en torno del país- confirmó que, a su juicio, la Argentina violó el "pari passu", al no cumplir con el reclamo de pago de los demandantes, pese a que éstos no aceptaron entrar a los canjes para salir del default.

Por esta razón, ordenó pagarles el 100% de los US$ 1333 millones que reclamaban y también advirtió que el Gobierno no podía alterar el mecanismo de pagos a los bonistas reestructurados con el objeto de eludir el cumplimiento de la sentencia. La postura de los abogados de los demandantes es que, con el anuncio del lunes, el Gobierno violó esa orden judicial. "El mandamiento judicial le prohibía a la Argentina tomar cualquier acción para evadir las directivas de Griesa de febrero del 2012", explicó una fuente ligada al caso.

El 23 de ese mes confirmó su interpretación sobre el tratamiento "igualitario" que debían recibir los demandantes en relación con el resto de los acreedores. En marzo del mismo año, Griesa advirtió que el país no podía tomar acciones que tendieran a "disminuir la capacidad de la Corte de supervisar el cumplimiento de las órdenes del 23 de febrero de 2012 en el caso de que éstas sean confirmadas", algo que ocurrió en octubre del año pasado.

En ese mandamiento se incluía "sin limitación, la posibilidad de alterar o enmendar el proceso o los mecanismos específicos de transferencia de los pagos a los bonistas reestructurados sin una aprobación previa de la justicia", expresó el juez de Manhattan en el segundo punto de su sentencia de 2012.

¿Qué puede determinar Griesa si considerara que el anuncio de la Presidenta violó esa orden judicial? Un abogado de los litigantes expresó que puede colocar a la Argentina "en desacato con la Corte", lo cual no tendrá mayores consecuencias prácticas para el país, pero sí para todos el resto de los actores del canje: bancos, depositantes, bonistas reestructurados.

A ellos podría colocarlos en desacato si participaran en una violación a la Corte, bajo la regla 65 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, explicó la fuente.

Otro abogado, que sigue el expediente de cerca, dijo que "la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que los funcionarios públicos son patrimonialmente responsables por su actuar ilegal si están en desacato, aunque lo hizo en un contexto muy distinto. Este caso es un territorio sin demasiados precedentes".

Esto implicaría, en los hechos, que la Argentina no podría cumplir con su intención de cambiar a Buenos Aires el lugar y la legislación de pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y de 2010.

Un tercer abogado, que ejerce en Nueva York, dijo que "el anuncio del Gobierno es totalmente absurdo, porque aún hay bastante tiempo hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la posibilidad de estudiar el expediente o no". Por eso opinó que los jueces de EE.UU. "tomarán como un insulto y un abierto desafío" la idea de cambiar la plaza de pago de los bonos.

Ayer, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reapertura del canje, pero no dio pistas sobre los tiempos de este eventual reemplazo del lugar de pago de los bonos que, según aclararon en el Ministerio de Economía, sería voluntario.

Tampoco explicó el mecanismo para concretarlo, algo que, según uno de los abogados consultados, "debería tener aceitado hacer varios meses, dada la dinámica de la causa judicial" en Nueva York.

El ministro destacó en el Congreso que "la Argentina no eludirá sus compromisos de pago con sus acreedores". Pero, a la vez, en el mencionado proyecto legislativo, se hace explícito que "el Gobierno no podrá ofrecerles" a los holdouts que estén en juicio un tratamiento más favorable que a los que no comenzaron su reclamo ante los tribunales locales o extranjeros.

 

El conflicto en cifras

• US$ 1333 Millones
  Es la suma en dólares del capital reclamado por los bonistas que ganaron el juicio en dos instancias, a los que hay que agregarles los intereses acumulados

• 93%
  Es la cantidad de bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y que quedaron en medio de la puja entre el Gobierno y los holdouts. La Corte de Apelaciones no aceptó sus reclamos hasta ahora