La acción de calificación es resultado del fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York del 23 de agosto pasado. Ese día, el tribunal sostuvo la decisión del juez de primera instancia, Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagar a tenedores de deuda en default y los agentes que realizan los pagos a embargar al menos parte de cualquier pago del país que pase por sus manos.

La de ayer fue la primera acción de una de las “big 3” del mercado de las calificadoras de riesgo tras el revés judicial de agosto. En el pasado, S&P se ha caracterizado por ser la primera en mover. La última vez que S&P bajó la nota del país, Fitch Ratings hizo lo mismo un mes más tarde y Moody’s se tomó cuatro meses más.

Con el cambio de ayer, la calificación de la Argentina pasó de “B-” a “CCC ” para las emisiones de largo plazo y de “B” a “C” para las de corto plazo.

Para S&P, una obligación calificada con CCC “es actualmente vulnerable a un incumplimiento de pago y depende de condiciones favorables del negocio, financieras, o económicas para que el emisor cumpla con sus compromisos”.

La nueva nota está siete escalones por debajo del “investment grade” –en el que militan Brasil, Perú y Uruguay– y es la misma que ostentan Jamaica, Chipre y Egipto.

Entre los fundamentos de la decisión, el comunicado enviado por la calificadora afirma que el fallo de segunda instancia podría resultar en la interrupción de los pagos de vencimientos de deuda reestructurada.

Dentro de las malas noticias, la calificadora reconoce los “esfuerzos” de la Argentina para cumplir religiosamente con esos pagos, pero eso no cambia el panorama negativo que resulta del litigio en Nueva York y sus posibles resultados.

“Bajamos nuestras calificaciones de Argentina debido a los mayores riesgos respecto al servicio de deuda derivados de la demanda sobre la deuda del gobierno de Argentina que aún está en incumplimiento”, explicó la calificadora.

“La demanda podría traducirse en la interrupción de los pagos vigentes a los tenedores de bonos actualmente bajo la jurisdicción de Nueva York, o podría motivar a Argentina implementar un canje de deuda que podríamos considerar como un intercambio de deuda en riesgo de impago (distressed debt). En virtud de nuestros criterios, tales resultados nos podrían llevar a bajar nuestra calificación de la Argentina a ‘SD’ por incumplimiento selectivo”, es decir, de vuelta en default.

“Aunque el resultado final del proceso legal todavía es incierto, consideramos que existe al menos una probabilidad de uno en tres de que se presente alguno de estos escenarios en los próximos 12 meses”, concluye el comunicado.