El Gobierno busca cerrar un acuerdo con empresas que denunciaron a la Argentina ante el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial, el CIADI, y analiza con sus abogados el juicio con los fondos buitre y busca evitar una advertencia del FMI bajo la promesa de emitir antes de fin de año un nuevo índice de precios más creíble. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, se encuentran en Estados Unidos realizando las gestiones desde el último viernes y hoy retornan al país. El Palacio de Hacienda confirmó recién ayer, tres días después, las gestiones que realizan los funcionarios, ya que hasta ahora no se había comunicado oficialmente el viaje y el secreto informativo también se extendió a la agenda que cumplían en Washington.

El Palacio de Hacienda informó ayer que Lorenzino se reunió con funcionarios del Banco Mundial para analizar temas de agenda y con funcionarios del FMI para abordar el tema del nuevo índice de precios al consumidor. Se informó también que el ministro, junto con Cosentino, se reunió con el estudio de abogados que tiene a su cargo la defensa de la Argentina en el juicio contra la fondos buitre ante la Justicia de Estados Unidos.

Según trascendió, el Gobierno se apresta a firmar un acuerdo con cinco empresas que presentaron demandas contra el país en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, que arbitra diferencias económicas entre países y empresas. Los acuerdos, tal como señaló ayer este diario, se cerrarían con Azurix, la exconcesionaria del servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires; con Blue Ridge, que estaba a cargo de CMS Gas Transmission Company; y Vivendi, por Aguas del Aconquija en Tucumán. Las otras dos compañías son la británica National Grid, que formaba parte de Transener, la transportadora de energía eléctrica, y Continental Casualty Company, accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo que poseía Letras del Tesoro argentino en pesos convertibles al dólar.

Los acuerdos incluirían una quita en el capital e intereses, el pago en bonos y el compromiso de reinvertir en el país un porcentaje de la deuda que se paga y que en total llegaría a los 500 millones de dólares para las cinco empresas. La mayoría de los juicios se originó tras la crisis de 2001 y la caída de la convertibilidad, época en la que las empresas abandonaron las prestaciones y exigieron una compensación económica. El Gobierno lograría una quita del 15% en el capital original y del 45% por los intereses generados desde la sentencia definitiva. Los funcionarios de Economía negociarían también en Washington que el Fondo Monetario no emita una advertencia a la Argentina, al vencerse a fin de mes el plazo que el INDEC acordó con el organismo internacional para poner en vigencia un nuevo sistema de medición de precios.

El Gobierno anunciaría a los funcionarios del FMI que antes de fin de año daría a conocer el nuevo indicador de precios y pediría que el directorio del FMI levante una sanción por la falta de credibilidad de las mediciones de inflación y crecimiento económico. El directorio del FMI debe reunirse en noviembre próximo para considerar los cumplimientos del INDEC. En abril último, el FMI le advirtió a la Argentina que podría aplicarle sanciones por la demora en la implementación del indicador que se viene analizando con técnicos del organismo desde febrero de 2012. El INDEC ya estaría realizando mediciones de campo en todo el país para el nuevo índice de precios, con el fin de ponerlo en funcionamiento antes de fin de año.