Por MARÍA ELENA CANDIA - Un panel de expertos legales coincidió ayer que la Corte Suprema de Estados Unidos no evaluará el 30 de septiembre si accede o no a tomar en revisión el caso argentino contra los holdouts que se refiere a la apelación del fallo del 26 de octubre del año pasado, por el que la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratificó la sentencia del juez Thomas Griesa que condenó al país a pagar a sus acreedores.
Por el contrario, se espera que la Corte Suprema se expida una vez que la Argentina apele al fallo que ratificó la Cámara de Apelaciones el 23 de agosto, por el que ratificó los montos y mecanismos de pago, que todavía no llegó a incorporarse en el proceso del máximo tribunal.
Esta decisión le concedería más tiempo a la defensa argentina en la saga holdouts: en el peor de los casos, el fallo final podrá ocurrir en algún momento de 2014, aunque no descartan la posibilidad de que las instancias procesales perduren hasta mediados de 2015.
Las conclusiones surgieron de un seminario llevado a cabo ayer en en Nueva York, que contó con el sponsor de Puente Hermanos, en el que expusieron seis especialistas legales para analizar sobre la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre el caso NML Capital y Aurelius Capital contra la Argentina, y la consecuente apelación del país a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Uno de los integrantes del panel fue Robert Cohen, abogado de NML, quien sostuvo ante una audiencia en la que también estuvieron presentes medios argentinos, que los holdouts todavía se reservan la posibilidad de pedir a la Cámara de Apelaciones que levante el efecto suspensivo del fallo o stay -que impide al país caer en default técnico - en caso que tomara lugar algún suceso que indique que la Argentina va a evadir la decisión de los tribunales norteamericanos. Con esta declaración, Cohen despejó las dudas por las cuales muchos especulaban un posible levantamiento del stay ante las declaraciones de la presidenta Kirchner en relación al cambio de jurisdicción de los bonos con ley Nueva York a ley local.
“Creo que en el panel, todos los expositores concordaron en que la orden que emitió el Juez Griesa el 5 de marzo sigue vigente”, apuntó Bruce Wolfson, abogado del estudio Bingham McCutchen, en declaraciones a El Cronista, quien se desempeñó como moderador del encuentro.
La orden judicial del 5 de marzo de 2012 prohibe a la Argentina a realizar acciones para evadir, dejar sin efecto o impedir la ejecución de la orden del tribunal, incluyendo la alteración o modificación del proceso o la aplicación de ciertos mecanismos de transferencia por el cual los pagos de los bonos se hicieran sin la aprobación previa del tribunal.
En diálogo con El Cronista, el abogado Marco Schnabl, uno de los expositores del encuentro, sostiene que si el objetivo de la defensa argentina es usar todos los recursos disponibles para alargar los plazos procesales, probablemente nadie escuche de la Argentina ninguna declaración que pueda poner en riesgo el stay.
Otra cuestión que comentaron los panelistas, cuyas opiniones estuvieron divididas, es si la Corte Suprema pedirá al Solicitor General (Procurador General) que emita opinión en el caso argentino, lo que contribuiría a dilatar aún más los plazos procesales a favor del país. En opinión de Schnabl, sería “muy inusual” que esto suceda, mientras que Richard Samp, director de la Washington Legal Foundation, que participó del encuentro, le otorga un 20% de probabilidad de que esto suceda.