Por ELIZABETH PEGER - El Gobierno apuesta a poner en marcha antes de las elecciones el nuevo paquete de medidas para combatir el empleo no registrado, que al finalizar el primer semestre del año se ubicó en el 34,5% afectando así a uno de cada tres trabajadores.
Con ese objetivo, el Ministerio de Trabajo y la AFIP aunarán esfuerzos para acelerar el lanzamiento de un nuevo régimen especial destinado a microempresas de entre 3 y 5 empleados, con el que el Gobierno pretende blanquear a cerca de un millón de trabajadores que cumplen tareas en esos establecimientos en condiciones de informalidad y que perciben salarios de hasta $ 6.000.
Esa iniciativa, que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presentó la semana pasada a empresarios y sindicalistas durante la primera reunión de la comisión de trabajo no registrado creada en el marco del diálogo tripartito, prevé la simplificación del trámite de registración del personal de microempresas mediante el pago de un único impuesto, que englobará la totalidad de las cargas sociales y estará vinculado en forma directa al tamaño y al sector de actividad de la firma.
Según explicaron fuentes de la cartera laboral, el nuevo esquema reducirá la carga impositiva de las pymes que registren a su personal, aunque no afectará los derechos de los trabajadores que mantendrán sus actuales prestaciones en materia de seguridad social (jubilaciones y obras sociales). Sobre este último punto, y para evitar cuestionamientos de las centrales sindicales aliadas al Ejecutivo, los voceros oficiales consultados por El Cronista indicaron que el esquema mantiene el actual nivel de aportes del 9% a las prestadoras médicas administradas por los gremios.
El nuevo régimen beneficiará a todas las microempresas que posean entre 3 y 5 empleados, estén o no registrados. Según los cálculos gubernamentales, en esas condiciones se encuentran alrededor de 1,5 millón de trabajadores, de los cuáles solo el 30% está declarado por su empleador. El acceso al esquema de pago único estará limitado por el nivel de facturación (parámetro que se resolverá en el marco de las negociaciones del diálogo tripartito) y por un tope salarial de $ 6000, equivalente al valor de 1,8 salarios mínimo, vital y móvil.
Cerca de Tomada rechazaron las especulaciones periodísticas que plantearon la posibilidad de que el régimen establezca un monto de pago único similar al que existe en el caso del personal doméstico y también cuestionaron que se intente equiparar el esquema con el régimen de monotributo. “La idea es que se haga más fácil, más simple y más barata la registración de los trabajadores”, afirmó el ministro de Trabajo en declaraciones radiales.
Esa iniciativa se completará con la creación de una especie de “veraz laboral”, un registro público de empleadores sancionados por maniobras de fraude laboral o empleo no registrado, propuesta con la que el Gobierno pretende fortalecer la disuación y la sanción económica y social por situaciones de informalidad. Además, el Ejecutivo impulsará un proyecto de ley destinado a consolidar las facultades de inspección laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación en el ámbito provincial con la intención de “garantizar un piso uniforme de acceso a los derechos laborales en todo el país”, explicaron desde la cartera.
Trabajo retomará en 10 días el debate del paquete de medidas con empresarios y gremios a la espera de obtener su consenso para implementarlas antes del 27 de octubre.