WASHINGTON (De nuestra corresponsal).- Uno de los datos más interesantes en el fallo de ayer fue la decisión de la jueza Sonia Sotomayor de "excusarse" de participar, gesto que consta en la escueta referencia a nuestro país que hizo el tribunal a la hora de comunicar que no tomaba "por el momento" el caso argentino.

La conjetura es que esa actitud se repetirá en una nueva apelación de la Argentina, lo que suma una nueva dificultad para que el Gobierno logre los cuatro votos que necesita para que el caso sea aceptado por el tribunal. Si antes tenía nueve posibilidades para cosecharlos, ahora sólo tiene ocho.

"No es que sea absolutamente determinante, pero se trata de una complicación adicional para un escenario ya de por sí difícil", dijo a LA NACION Craig Levy, académico de la Universidad de Chicago que viene siguiendo el tema.

Se trata de un recorte de posibilidades. No es que la resolución de tomar o no el caso se adopte por mayoría de nueve. Sólo cuatro votos hacen falta. Pero hoy parecen muy difíciles.

Una complicación adicional que recorta un escenario compuesto por cinco magistrados nombrados bajo gobierno republicano: Antonin Scalia y Anthony Kennedy (propuestos por Ronald Reagan), Clarence Thomas y Ruth Bader Ginsburg (por George Bush) y Samuel Alito, por George W. Bush.

Luego están Stephen Breyer (propuesto por Bill Clinton) y Sonia Sotomayor y Elena Kagan (nombradas durante la actual gestión de Barack Obama).

Sin minimizar el impacto de la recusación de Sotomayor, para Weisburg, la dificultad principal con que tropieza la Argentina en la Corte es la naturaleza misma del caso. "No se trata de un expediente que implique la violación de leyes federales. Y eso es lo absolutamente determinante para que un juez decida si el caso debe tomarse o no", señaló.

Todos los años la Corte Suprema recibe no menos de 4000 pedidos de apelación. Pero sólo un puñado resulta aceptado.

"Para cada parte involucrada se trata de casos importantísimos, donde se juegan derechos fundamentales. Nadie niega lo importante que es esto para la Argentina. Pero eso no significa que la Corte deba tomarlo, porque esa no es la naturaleza con la que define sus decisiones", añadió el letrado de Sherman & Strerling..