Un ejemplo cercano, la reforma a la Carta Orgánica del BCRA de marzo de 2012, que promovió el Poder Ejecutivo y le deja una montaña de recursos disponibles. La cuestión pasa por los adelantos transitorios que la entidad le gira al Tesoro Nacional, equivalentes a un porcentaje de la base monetaria –circulante más depósitos en cuenta corriente en los bancos– y a otro de la recaudación tributaria. Todavía se los define de esa manera, aunque a fuerza de ser renovados automáticamente de transitorios ya no tienen nada.

La reforma que el oficialismo votó a libro cerrado consistió en incorporar a los anticipos una suma igual al 10% de la recaudación de los últimos doce meses, pero sólo durante 18 meses. Pasado ese período, el adicional no sólo se cae: si el Tesoro no fue cancelando la deuda, deberá afrontarla toda junta y representa una factura muy grande.

Según la letra de la ley, el cambio sería aplicado “con carácter excepcional y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional lo justificaran”.

Contando desde el momento en que el régimen empezó a ser utilizado, los 18 meses vencen a fin de año. Y la interpretación es que, para continuar exprimiéndolo, el Poder Ejecutivo debería mandar una ley al Congreso que mantenga viva la caja.

“Mejor no apresurarse, porque en el mismo argumento que fundamenta la reforma hay un gato encerrado ”, aconseja un ex directivo del BCRA que pasó por la actual administración. Y concluye: “Alegarán que la situación o las perspectivas de la economía internacional siguen justificando la medida, y todo será mantenido en pie”.

Si lo dice alguien que ha conocido desde adentro cómo son manejadas cosas como estas, habrá que darle crédito. Más, cuando se observa la magnitud de la plata en juego.

Gracias a la reforma, los adelantos transitorios pegaron un salto enorme en dos años. De los $ 20.950 millones de 2011 pasaron a 60.600 millones en 2012 y estarán en 60.270 millones al cabo de 2013.

Muy probablemente, el Gobierno se valdrá de cualquier herramienta para no perder semejante fuente de recursos. Y también para evitarse el costo de tener que saldar una deuda así.

Apenas un par de comparaciones revelan cuánto representan 60.000 millones de pesos. Superan en 25% al presupuesto completo del Ministerio de Desarrollo Social y cuadruplican al del Ministerio de Salud.

Especialistas que también desempeñaron cargos relevantes en el Central han detectado otras maniobras que se filtran entre los resquicios abiertos por normas originadas en el propio kirchnerismo: trampitas les llaman. Anotan una de este año y la siguiente proyectada a 2014, ambas con el mismo sello.

Un artículo de la ley del Presupuesto Nacional 2013 autoriza al Poder Ejecutivo a usar reservas por US$ 7.967 millones para pagar deudas con acreedores privados y permite, también, que en caso de que hubiese un excedente éste sería destinado a financiar inversiones públicas. Todo, bajo el paraguas del Fondo del Desendeudamiento Argentino creado por Cristina Kirchner.

Dado que los vencimientos de la deuda no llegaban a ese monto, era evidente que existiría un sobrante y además grande: alcanza a unos US$ 2.400 millones. “¿Y, entonces, ¿cómo sigue la película?”, le preguntó Clarín a uno de los especialistas.

La respuesta fue que el Tesoro Nacional toma esos dólares por una ventanilla del Central y de inmediato los cambia por pesos en otra. El movimiento no queda registrado como una pérdida de reservas, porque la entidad recupera las divisas.

El pase luce sin costos aparentes para el BCRA, pero el punto no son los dólares sino los pesos. Al actual tipo de cambio oficial, el Gobierno puede hacerse así $ 14.000 millones y gastarlos a su gusto: finalmente, la plata se mezcla en la caja y es imposible identificar el origen.

Una jugada similar se repetirá en 2014, con los US$ 9.885 millones del Fondo del Desendeudamiento fijados en el Presupuesto Nacional. Esta vez, aún computando el pago de la deuda atada al PBI, los cálculos arrojan un plus cercano 4.500 millones de dólares.

De nuevo, los pesos: al tipo de cambio promedio pautado en la ley, la movida le dejará al Gobierno un rédito que ronda $ 28.500 millones. O sea, 42.500 millones en dos golpes.

Mucho mayor, casi el doble, sería si el Tesoro Nacional cambia las divisas excedentes en el mercado paralelo. Como se ha comprobado, las reglan son maleables, pero no dan para tanto.

Adelantos transitorios, reservas multipropósito y algo más: las utilidades que la devaluación le deja al Central. Aunque sean contables, el Gobierno las transforma en plata contante y sonante.

Puesto en números de algunos especialistas y traducido a pesos, el paquete sumaría este año nada menos que $ 137.500 millones o $ 145.000 millones según estimaciones de otros. Si se prefiere dólares, más de US$ 23.700 millones, casi el 70% de los activos externos de la entidad. Antes de que fuesen agregados un malabar tras otro, en 2009 la cuenta ascendía a $ 14.400 millones. Resultado: desde entonces escaló un impresionante 8.550 %.

Está a la vista que el Gobierno no puede quejarse de los servicios que le prestan y seguirán prestándole las autoridades del Banco Central. Sin embargo, en al menos un punto no se los reconoce.

Incluida la presidenta de la entidad, todo el directorio figura “en comisión” y en ningún caso la Casa Rosada movió un dedo para confirmarlos. Mercedes Marcó del Pont ha dado pruebas de una lealtad y de una obediencia difíciles de igualar, pero acumula tres años en esa categoría considerada de segunda.

Hoy el cuerpo funciona con un quórum tan ajustado que si alguno de sus actuales cinco miembros se enferma o debe viajar no puede sesionar, ni por lo tanto aprobar nada que requiera el voto de los cinco. Pronto será nombrado un sexto para evitar cualquier sofocón; desde luego, también en comisión.

Hasta ahí y aunque apretado, todo dentro de las normas. Salvo por algunas anormalidades: el directorio parece una bolsa de gatos, cuesta encontrar alguien que obedezca a Marcó del Pont y en la línea, que debe implementar las decisiones, reinan el clima espeso y la parálisis.

Mantener a los directores en comisión equivale a tenerlos a tiro de un decreto de despido, dispuestos a aceptar órdenes y a no resignar sueldos considerables. Nada diferente a los usos y costumbres del cristinismo.

Marcó del Pont sabe de sobra como el poder maneja estas cosas y las ha sufrido en carne propia. Aún así, no pasa día sin que en su despacho busquen una noticia gratificante en el Boletín Oficial.

Ese es el Banco Central que, según la reforma de 2010, debe promover “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con inclusión social”. Relato para la tribuna, mientras el Gobierno sigue exprimiéndolo de todas maneras posibles.