El Gobierno abonará $ 2.500 millones, en dólares unos u$s 677 millones, para "normalizar deudas" con empresas que iniciaron juicios contra el Estado nacional, a partir de que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aprobó el modelo de acuerdo sobre laudos firmes dictados por tribunales arbitrales.

Esta decisión se estableció a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

Esa medida, aclaró Economía, se tomó en el marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI) y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL).

Además, el Ministerio indicó que como resultado del acuerdo implementado y "del renovado compromiso de inversión de las empresas involucradas, la República no afecta recursos en efectivo ni reservas internacionales sino que, por el contrario, las firmas suscribirán bonos BAADE, en efectivo, por el 10% del monto total reclamado".

Es decir, durante estos días ingresaron al país unos u$s 68 millones producto del compromiso de inversión.

La resolución establece, además, una quita sobre el monto originalmente reclamado y la forma de pago mediante bonos de deuda pública interna, aclaró Economía.

Y puntualizó que bajo este marco se suscribieron cinco acuerdos con aquellas empresas que contaban con laudos firmes, los que permitieron la normalización de deudas por un monto total de u$s 677 millones, "en condiciones extremadamente favorables para el país".

La quita fijada en valor nominal a todos los acreedores por igual representa un 25% respecto del monto originalmente reclamado, equivalente a un ahorro fiscal de u$s 171 millones, indicó el Palacio de Hacienda.

"La resolución refleja la posición sostenida por el país ante estos organismos internacionales en cuanto a la jurisdicción y legislación en el que se debían resolver los conflictos", destacó Economía, en un comunicado.
A través del texto oficial, se explicó que la instrumentación de los acuerdos supone la cancelación de los montos a plazo mediante la entrega de una combinación de bonos BONAR X para el capital y BODEN 15 para los intereses y a una tasa del 7% anual.

En ambos casos los bonos fueron entregados a valor nominal, lo cual supone una quita adicional teniendo en cuenta su valor de mercado, de acuerdo con lo dispuesto oficialmente.

Economía aseguró que las empresas involucradas "asumieron el compromiso de comunicar el contenido del acuerdo a los organismos internacionales, así como a los países contraparte del tratado de inversión, dando por finalizada la controversia con la Argentina".