Según fuentes que llevan adelante las negociaciones, Gramercy pidió al Gobierno tiempo hasta fin de año para realizar las gestiones. Los plazos son similares a los del lanzamiento del nuevo canje, condición necesaria para que las tratativas entre privados proliferen.

Los procesos son paralelos. Según una fuente oficial, la reapertura de deuda avanza a paso sostenido y estará lista en las próximas semanas. El Gobierno atribuyó ciertas delaciones a la decisión de realizar la operación sin bancos colocadores. Y, mientras prepara los formularios para presentar a los entes reguladores, como la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos (el documento llamado 18K), sostiene que podría incluso avanzar con el canje sin cumplir con todos esos procesos.

El formulario 18K demoró la reapertura del canje de 2010 por las dudas que tenía la SEC sobre la economía local y las estadísticas del Indec. Ahora, afirman expertos del sector privado, el Gobierno debería “explicar” el cepo cambiario y la restricción a las importaciones, algo que demoraría el aval del regulador. Economía dice que puede salvar esa cuestión.

Mientras tanto, la “solución Gramercy” avanza. El Ministerio de Economía, a cargo de Hernán Lorenzino, dice estar al tanto de la propuesta de uno de los principales tenedores de deuda argentina renegociada para evitar el default. Pero aclara que no la fomenta ni forma parte de ella. Sin embargo, otras fuentes oficiales y privadas dan cuenta de frecuentes contactos entre un representante de Gramercy y el propio Lorenzino, avalado por la presidenta Cristina Fernández.

Según uno de los participantes de la negociación, Gramercy “ofreció” a Lorenzino un plan integral para normalizar la situación financiera del país. A la propuesta a los holdouts, el fondo de inversión sumó gestiones para saldar las sentencias contrarias en el Ciadi por unos u$s 500 millones. Gramercy compró dos de los cinco juicios (Continental Casualty Company y Blue Ridge) y asesoró al titular de otro (Vivendicon Aguas del Aconquija). También recomendó acelerar las gestiones con los países del Club de París.

Gramercy busca que los acreedores privados cedan parte de los intereses que cobrarán en los próximos 5 años (hablan de entre un 10 y un 20%) a un fideicomiso, del que saldrá el “bonus” que percibirán los holdouts que decidan ingresar al tercer canje. Los privados firmarían un “acta de consentimiento” para girar los pagos, que acompañarían a los desembolsos del Gobierno.

Gramercy sostiene que pueden convencer a todos los acreedores, ya que estos pasarían a duplicar (“como mínimo”, se entusiasman los negociadores) el valor de sus bonos, que se valorizarían con la salida definitiva del default. Los holdouts cobrarían el canje más el plus. Para convencer a Singer, Gramercy le advierte que nunca cobrará una sentencia de la Corte Suprema. Y el Gobierno conseguiría un mejor panorama financiero para una eventual salida al mercado financiero en 2014, una opción que manejan Lorenzino y otros funcionarios, preocupados por la merma en las reservas del banco Central.

NML Capital, de Singer, dijo la semana pasada que no negociará si el Gobierno no participa de esas tratativas. Pero los contactos entre Singer, Gramercy y los abogados de las partes son frecuentes.