Por primera vez desde que comenzó la manipulación del cálculo de inflación del Indec, en 2007, una calificada fuente oficial admitió a LA NACION que "el país necesita recuperar cifras confiables". El funcionario subrayó: "Dotar de credibilidad a las estadísticas públicas es bueno para afuera, pero también para adentro del país".

El objetivo de esta estrategia es que la Argentina -o, como mínimo, empresas del sector privado- pueda, en el mediano plazo, volver a acceder al financiamiento internacional a tasas de interés razonables.

En esta misma línea están la búsqueda de una normalización paulatina de las relaciones con el Club de París , el intento de acuerdo con las empresas que ganaron juicios contra el país en el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) y la negociación de un programa de créditos del Banco Mundial para los próximos tres años.

El Gobierno se propone también, con el respaldo de los bonistas reestructurados, llegar a una solución al problema de los holdouts que quedaron fuera de los canjes de deuda de 2005 y 2010, y que hoy reclaman una compensación en la justicia norteamericana.

En el contexto de la permanente caída de reservas internacionales del Banco Central, se trata del camino elegido por el Palacio de Hacienda, con el guiño de la presidenta Cristina Kirchner, para descomprimir el complicado frente externo.

Por esta razón, la fuente juró que el próximo verano se conocerá el nuevo índice de precios al consumidor nacional, que reemplazará al cuestionado IPC metropolitano, con cifras que "darán lo que tengan que dar". ¿Significa esto que se ubicará la nueva medición más cerca de la inflación real, medida por algunas provincias, las consultoras privadas y centros de estudio afines al Gobierno?

Sin responder en forma tajante por la positiva, la fuente aclaró que no hay un condicionamiento político para que el nuevo indicador no sea creíble. El principal motivo para este potencial cambio es que "el país estaba en camino a ser expulsado del FMI en la próxima reunión del organismo, y ahora, con una visión positiva sobre el nuevo indicador, los términos del diálogo son otros", sostuvo el funcionario, mientras observaba en su despacho el nuevo parte médico sobre la presidenta Cristina Kirchner.

Por esta razón, en el Palacio de Hacienda confían en que, como lo expresó anteayer la jefa del FMI, Christine Lagarde, el informe que se elevará mañana al directorio de la entidad en Washington será "positivo". Esto no significa que, en diciembre o febrero, cuando se vote, se le retire de inmediato al país la moción de censura aplicada a principios de año, sino que no se avance en nuevas sanciones. Aunque algunos expertos aseguraban que este camino de castigos era gradual -con el retiro del derecho a voto y luego, de la posibilidad de hacer uso de los recursos del FMI-, en Economía juran que el paso siguiente a la censura era la expulsión directa. "Después de la tarjeta amarilla viene la roja, ¿no?", ilustró la fuente, en referencia a la expresión futbolística que utilizó meses atrás Lagarde para definir el estatus del país en el Fondo.

Una fuente del sector privado al tanto de la situación aclaró: "No hay una posición unánime, ni en el staff ni el board ; algunos quieren brindarle una oportunidad más para redimirse, mientras que otros se quejan por la cantidad de promesas incumplidas. Y Estados Unidos está más cerca de esta segunda postura: quieren ver antes de aplaudir", indicó.

Sin embargo, en Economía creen que el FMI aplaudiría los avances logrados en la nueva medición de inflación y, aventuró el funcionario, también afirmaría que se habrían despejado las dudas en torno de la medición del crecimiento económico, cuestionada en Washington. Sobre la medición del PBI, aclararon que no hay un trabajo conjunto con el FMI para modificarlo -como sí lo hubo con el IPC-, sino que el Indec trabaja en la actualización de las cifras, para que se midan sobre la base de las cuentas nacionales de 2004 y no de 1993. Esta modificación, aclararon, no debería arrojar una diferencia significativa con los resultados actuales (ver aparte).

De todos modos, el levantamiento de la sanción no será inmediato, porque "el FMI quiere ver, y estamos de acuerdo en esto, el funcionamiento del nuevo IPC antes de dictar otra resolución", lo que implicaría unos seis meses desde que arranque. Para esto, "ya se están realizando muestreos" en varios puntos del país, aclaró la fuente. Así, se resucitaría el IPC nacional que el propio Gobierno dejó de publicar en 2008, cuando comenzó a mostrar divergencias importantes entre esta medición y el IPC metropolitano.

La fuente aclaró que no habrá un reconocimiento de las distorsiones registradas desde 2007, porque esto dispararía una catarata de juicios por parte de los bonistas que tienen títulos públicos ajustados por el coeficiente de variación de precios (CER)..