Por Federico Pinedo - Para LA NACION - El Presidente mandó al Congreso un proyecto de ley para que se establezca que "es competencia exclusiva del Estado nacional regular y prestar los servicios públicos". Del proyecto surge que para el Poder Ejecutivo esos "servicios públicos" son aquellos cuya finalidad sea "promover el bienestar general y asegurar el interés público".

¿Quién dirá si esos servicios incluyen el transporte de gas o el de verduras, la distribución de electricidad o la distribución de pan, a quienes ponen cables para que las personas hablen o a quienes lo hacen para que se informen libremente? El Poder Ejecutivo ha dado su respuesta: una ley del Congreso. Sólo una ley del Congreso.

Otras cláusulas de la proyectada norma establecen que el Estado podrá cambiar, prácticamente a su antojo, los contratos con los particulares que presten los servicios por cuenta suya, incluidas las tarifas. También podrá el Estado apartar al prestador cuando lo considere mejor para el "interés público" y expropiarle sus activos por medio de un decreto.

Los mecanismos de contratación estatal tampoco serían objetivos, sino determinados por conceptos tales como la contribución al desarrollo nacional o la conformación de una red de proveedores locales. De esta manera, la incertidumbre será absoluta, y sabido es que cuando no hay reglas de juego claras y derechos que se respeten no hay ni propiedad ni libertad ni, por cierto, capitalismo posible.

El proyecto pretende redefinir y reinventar el sistema de derecho que rige nuestra sociedad. Los argentinos seríamos así parte de una suerte de experimento que podríamos denominar "neosocialista", para diferenciarlo del socialismo democrático español, inglés o chileno, que buscó maneras de combinar un mayor igualitarismo con el funcionamiento de los mercados.

Los neosocialistas, aunque no lo dicen claramente, piensan que el fruto del trabajo de la gente es del Estado. Los funcionarios de esta corriente son observadores de los mercados, pero cuando detectan que algún sector está ganando dinero (ellos le llaman "renta") acuden a quitarle su parte. Ese es el caso del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios o hidrocarburos, que no están mal en la emergencia generada por un tipo de cambio muy alto, pero sí lo estarían si estuviéramos frente a una modalidad ideológica permanente, como parece que estamos.

Del mismo modo se ataca a los productores de soja, por ejemplo, más porque ganan dinero que porque esté demostrado que el cultivo desertifique, que el glifosfato contamine o que las variedades transgénicas provoquen monstruos. El proyecto de ley es de tal gravedad que hace imposible insultar a los malpensados de siempre, que afirman sin sonrojarse que es un mecanismo que utiliza el Gobierno para "apretar" a las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, energía y transporte, en el proceso de renegociación de contratos en curso.

Es más, ni siquiera es posible descalificar a aquellos otros que piensan que en realidad se trata de una artimaña para espantar a todos los inversores extranjeros que creyeron en la Argentina y le construyeron una infraestructura importante en la década pasada, financiada en parte por los usuarios y en parte por los tenedores de obligaciones negociables en default.

Logrando la huida de esos personajes -imaginan- sería posible que algunos "empresarios argentinos" se hicieran cargo de sus compañías, asociados al Gobierno, por una bicoca. Así quedaría nuevamente fundada una nueva "burguesía nacional", grupo que en el pasado la izquierda y la derecha democráticas denominaron capitalismo prebendario o patria contratista. Hasta el presidente Kirchner utilizó esos motes para diferenciarlos de lo que él decía defender: el capitalismo en serio. Los neosocialistas tienen una estrategia de escuela primaria: achacar todos los males a un monstruo de una sola cabeza, el neoliberalismo. Ante la furia de quienes se califican a sí mismos como "los buenos", confieso que tuve un temor íntimo de ser de "los malos", es decir, un neoliberal. Rápidamente me di cuenta de que no lo era, pues no me parecía bien justificar cualquier tropelía con tal de que algunos pudieran ganar dinero, cosa que hacían los "neo" liberales.

A estos personajes les parecía bien destruir un Poder Judicial independiente de los gobiernos y los intereses; no les importaba fortalecer monopolios siempre que sus titulares fueran amigos del poder; utilizaban el dinero público de acuerdo con sus conveniencias políticas, aumentando la deuda hasta niveles inmanejables; sobornaban a los elementos independientes del poder, de legisladores a sindicalistas y periodistas.

Ahora bien, los neosocialistas ¿repudian seriamente estos comportamientos o cuestionan a los otros no por lo malo, sino por lo bueno que hicieron? Tal vez el mal esté en los "neos" y no en liberales o socialistas, o tal vez el mal sea antiguo y esté representado por quienes no creen en el imperio de la ley, en la división republicana del poder y en los derechos personales de cada ser humano.

Una vez más, en la encrucijada, a los ciudadanos de a pie sólo les quedan dos defensas. La primera es la Justicia, y la segunda cambiar la composición de las Cámaras en las próximas elecciones para modificar las barbaridades que se voten ahora. Si la Justicia fuera independiente del poder, con ella sola bastaría, pues afortunadamente la Constitución Nacional fue reformada en 1994 y se incorporó a ella el artículo 42, que establece que "los usuarios de servicios tienen derecho a la libertad de elección" del prestador, concepto radicalmente opuesto a aquél según el cual el Estado es el único prestador de servicios públicos.

Luego, el artículo le impone al presidente Kirchner la obligación de "defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y controlar los monopolios naturales y legales", con lo cual no podrá imponer un solo prestador, aunque fuera él mismo o algunos afines.

El autor es diputado nacional de Compromiso para el Cambio.