El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció el miércoles que el fisco pondrá la lupa sobre estas operaciones no sólo porque vía web se comercializan productos que entraron por contrabando, sino también porque en muchos casos esas operaciones eluden el pago de IVA o los aportes patronales porque no tienen a sus empleados registrados.

El comercio electrónico alcanzó los $16.700 millones durante 2012, según las estimaciones de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), y este año el crecimiento estaría por encima del 40%. “Hay un crecimiento normal que se da a nivel mundial y otro que está impulsado por el atraso cambiario ”, explicó Enrique Carrier, especialista en e-commerce. Carrier incluso destacó que los sitios más usuales para traer productos (dealextreme, aliexpress, amazon, entre otros) no hacen publicidad tradicional y se suelen difundir boca a boca. “Cuando un usuario ve que un producto es barato duda, pero cuando escucha que a otro se lo trajeron, prueba con una primera importación pequeña y así empiezan”, agregó. Juan Carlos Pereyra, de la Asociación de Importadores y Exportadores (AIERA), agregó que este fenómeno comenzó a tener más auge cuando el Gobierno endureció los controles para el ingreso de productos importados y muchas personas encontraron esta vía como un canal alternativo. Miguel Ponce, de la Cámara de Importadores (CIRA), relativizó este fenómeno. Dijo que si bien las operaciones vienen en ascenso, este tipo de compras de otros países no mueven el amperímetro.

Las importaciones convencionales alcanzaron los US$ 68 mil millones en 2012.

¿Qué tasas pagan los usuarios que traen productos del exterior? Los consumidores podrían pagar en muchas circunstancia un precio final bastante diferente al inicial. Si una persona compra del exterior un producto por 100 dólares, entre fletes, derechos de importación del 16%, IVA, tasa estadísticas, gasto documental aduanero, y el recargo del 20% a cuenta de Ganancias, terminaría pagando $1.124. Si la compra es menor a los 25 dólares, según la resolución 501 de 1999, los consumidores no pagan impuestos, mientras que si está por encima, la alícuota se ajustaría en función del precio final. Fuentes del sector consultadas por Clarín coincidieron en que en los hechos, no existe un control tan estricto sobre este límite de los US$ 25, y que en realidad el personal de Aduana suele poner en la mira las operaciones por montos más elevados.