Por Silvia Stang - Destinar millones y millones de pesos a mantener congeladas las tarifas de servicios públicos; otorgar jubilaciones a quienes no hicieron aportes, o incluso a elevar en forma directa los ingresos que llegan a un grupo de hogares no garantiza que se esté transitando un camino de salida de la pobreza, ni muchos menos significa que se esté en vías de reducir las desigualdades sociales, que, por el contrario, tienden a ampliarse con un reparto discrecional de recursos.

En un análisis con muy fuertes críticas a la manera en que se administran los fondos públicos destinados a subsidios económicos, la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte en su último informe que, en las políticas sociales, la prioridad debería ser "apuntar al desarrollo de capacidades en los sectores más vulnerables, para que ellos puedan ser gestores de su propio progreso".

Lejos de que ello ocurra, dice el estudio, el reparto de subsidios muestra hoy varias desprolijidades que hacen que, por ejemplo, se beneficie a sectores de ingresos medios y altos, en detrimento de los que menos tienen y viven en la precariedad.

El incremento de los montos destinados a subsidios económicos -se proyecta que en todo este año llegarán a $ 140.000 millones y que casi la mitad estará en servicios públicos domiciliarios- fue posible gracias al crecimiento de la economía y también de la presión tributaria que pesa sobre los ciudadanos. En el primer caso, el PBI creció 70%, corregido por inflación, entre 2000 y 2012, según la estimación del informe de los economistas. Medida sobre el producto bruto, la carga fiscal pasó, en tanto, de 21 a 37 por ciento.

Sin embargo, ese fuerte incremento de los recursos captados por el Estado no se tradujo -se advierte- en una reducción significativa del nivel de pobreza estructural.

 

 

Los porcentajes, claro, difieren mucho según qué segmento de la población se mire. En el caso del gas, si se observa el universo del 10% de los hogares que tienen el ingreso per cápita más bajo, sólo tres de cada 10 tienen el servicio, en tanto que en el decil siguiente el 40% posee la conexión. ¿Qué pasa entonces? Que esas familias, que están justamente entre las de menores ingresos, no perciben el subsidio que sí llega al resto de los hogares. Para bañarse con agua caliente, cocinar o calefaccionarse en invierno esas viviendas dependen en todo caso del gas envasado, si es que los ingresos de sus habitantes permiten la compra.

"El subsidio al gas por red es el testimonio más contundente de la forma en que se discrimina con subsidios a los pobres, en especial a los que viven en el interior del país", señala el informe. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires casi nueve de cada diez hogares pobres sí tienen gas natural, pero en el conurbano ese porcentaje baja a poco menos de la mitad y en las ciudades del interior, a índices del 30 o 40 por ciento.

La política adoptada por el Gobierno, afirma el estudio, lleva a que haya un consumo más alto en las clases sociales mejor posicionadas, dado el bajo precio del gas, un bien que es escaso a otras familias.

También favorecen a la población del área metropolitana los subsidios al transporte público. Más allá de las cuestiones geográficas, en este caso el beneficio se recibe sin discriminación de la situación social.

Ingresos a personas

Esto último también ocurre, tal como cuestiona el informe publicado por la UCA, con la moratoria previsional. El plan permitió acceder a una jubilación a personas que tenían pocos aportes hechos en su vida laboral o ninguno. La instrumentación de esa medida -basada en declararle a la AFIP deuda por aportes de autónomos no pagos, a su valor histórico y con descuento de las cuotas en los haberes mensuales- permitió ampliar a más de 90% el índice de población en edad jubilatoria con un ingreso mensual. Según el informe, al haberse otorgado las prestaciones sin evaluar la situación social de las personas, "el subsidio fue apropiado por gente que tenía otra cobertura previsional y/o ingresos elevados", se advierte. Hubo, por ejemplo, provincias que habían otorgado ya jubilaciones para amas de casa -sin aportes- y que no cruzaron los datos con el gobierno nacional para evitar la superposición de prestaciones de carácter no contributivo.

El estudio difundido por la universidad otorga un capítulo a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Estos pagos mensuales, hoy de $ 460 por cada hijo de personas desocupadas o empleados en negro con un bajo nivel de ingresos, fueron instrumentados en diciembre de 2009. Ayer mismo, la presidenta Cristina Kirchner admitió que no había sido una iniciativa propia del Gobierno, sino tomada de otras fuerzas políticas.

Las objeciones que se le hacen, a partir de la planteada lógica de que toda política social debería servir para mejorar la calidad de vida de las personas de manera integral e intergeneracional, están basadas en cómo se administra el programa.

El esquema prevé que un 80% del monto de la prestación se cobre en forma mensual. El dinero restante llega a los hogares una vez el año, contra la presentación de certificados de escolaridad y de atención sanitaria. El control de esos requisitos se hace mediante el uso de una libreta de papel, que debe ser firmada en la escuela para luego ser mostrada en una oficina de la Anses. Según el informe, esa modalidad es obsoleta. Y a eso se suma algo que se considera inapropiado: el sistema "castiga" a quien no cumple con los requisitos negándole una suma de dinero, pero no se ocupa, en forma práctica, de impedir la deserción escolar.

Se señala, además, que el programa debería ir acompañado de incentivos para que las madres jóvenes terminen su ciclo educativo y se incorporen a la vida laboral. Si la asignación no sirve para evitar el abandono escolar por parte de los chicos ni para evitar la inactividad laboral de sus madres, no ayudará al desarrollo de las personas ni de la sociedad, según se concluye.