En Washington mantienen un gran escepticismo respecto de las últimas medidas de política económica, aunque creen que el Gobierno tomó conciencia de las restricciones que enfrenta en el ámbito externo.

De este modo, los funcionarios del gobierno de Obama que observan la situación regional desde los departamentos de Estado y del Tesoro oscilan entre tender otra mano al país para que pueda reabrirse el crédito y esperar a ver señales concretas antes de brindar cualquier apoyo. Fuentes diplomáticas indicaron a LA NACION que el diagnóstico de la administración demócrata es categórico: hay poco tiempo y se necesitan varias medidas de aplicación simultánea.

En el plano interno, una de las definiciones que se esperan con mayor atención es la forma en que el gobierno de Cristina Kirchner intentará detener la caída de las reservas del Banco Central, que ronda los US$ 15.000 millones desde la implementación del cepo, a fines de 2011.

En el plano externo, se aguarda con ansiedad la posibilidad de que el Gobierno plantee finalmente una propuesta de pago a los países que integran el Club de París, por una deuda que sigue en default por 9000 millones de dólares, entre el capital y los intereses caídos desde 2002.

Es que si bien Washington aplaudió el arreglo entre el Gobierno y las empresas norteamericanas que habían ganado sus juicios ante el Ciadi (el tribunal arbitral de resolución de controversias del Banco Mundial), aún considera que la Argentina debe dar otros pasos para recuperar el voto de Estados Unidos en los bancos multilaterales de crédito.

En concreto, se espera que, transcurridos cinco años desde que la presidenta Cristina Kirchner ordenara por decreto pagar la deuda con el Club de París en efectivo, con las reservas del Banco Central, el Gobierno haga una propuesta. Y aunque la propia tendencia de las reservas conspira contra la posibilidad de un desembolso adicional al actual cronograma de vencimientos, los acreedores aclaran que, si el país llegara a un acuerdo, podría obtener acceso a líneas de financiamiento barato para infraestructura y comercio exterior.

De todos modos, Estados Unidos no es el único ni el más importante acreedor oficial de la Argentina; los últimos cálculos oficiales mencionaban una deuda bilateral de 500 millones de dólares, frente a unos US$ 2000 millones que el país les debe a Alemania y a Japón.

Justamente Washington, como la Argentina, reconoce que estos dos países se encuentran entre los más duros acreedores para encontrar una solución viable para todas las partes involucradas.

Si el Gobierno acercara una propuesta concreta -en realidad, en las últimas gestiones todos los ministros de Economía y secretarios de Finanzas se limitaron a conciliar las cifras y sólo mencionaron informalmente las diferentes ideas para pagar-, la Casa Blanca podría reconsiderar su voto negativo en el directorio del Banco Mundial y en el del BID cada vez que se trata la aprobación de un crédito para la Argentina. Además, estaría en condiciones de reabrir los créditos blandos del Eximbank norteamericano.

En forma paralela, en Washington también se debate la postura en torno de las sanciones al país decididas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Frente a la reunión de directorio de este organismo del próximo lunes 9, en la que se debatirá si el Gobierno avanzó o no en forma sustancial en el diseño del nuevo índice de inflación que prometió implementar en 2014, predomina la idea de no seguir castigando al país, otorgándole un plazo de seis meses hasta que se observen los resultados concretos de la nueva medición de precios al consumidor.

La hora de los buitres

Los detalles metodológicos a los que han podido acceder los funcionarios extranjeros -ya que el Indec exhibió el nuevo IPC ante representantes de varios gobiernos, pero no lo presentó públicamente en la Argentina- a priori los conformaron. Pero, dada la historia de siete años de manipulación de los datos, no quieren emitir un juicio definitivo hasta no verificar si la nueva medición se acerca a los datos de aumento de los precios que solían difundir las provincias. Estos arrojan un resultado cercano al 25% anual, frente al 10% que viene dando el Indec.

Por otra parte, el gobierno norteamericano considera que la Argentina debe ser más astuta que en el pasado en su apelación ante la Corte Suprema de ese país para que el alto tribunal tome su caso en contra de los holdouts .

En particular, opina que el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa al país en los tribunales estadounidenses, debe ser más enfático en demostrar que otorgarles la razón a los demandantes constituye una violación del Acta de Inmunidad de los Soberanos Extranjeros (FSIA) y, al mismo tiempo, un peligro para la seguridad jurídica de Nueva York como plaza financiera global.

Sólo cuando la Corte Suprema tome el caso, y eventualmente le pregunte su opinión al procurador general de la administración Obama, el gobierno norteamericano emitiría un nuevo escrito en favor de la postura del país, como ya ocurrió en primera y en segunda instancias de esta causa en la que, por ahora, ganaron un grupo de fondos buitre y de 13 minoristas argentinos.