Por: Ignacio Olivera Doll - La novedad se esparció rápidamente en algunos bancos del sistema en las últimas horas del martes pasado, sólo un poco después de que la hiciera saber Juan Carlos Fábrega en su visita al Senado, y generó, otra vez, inquietudes y preguntas en el sector. Los técnicos del Banco Central trabajan desde hace días en el armado de una normativa que forzará a las entidades financieras a redoblar los esfuerzos que ya hacen actualmente para destinar pesos a las empresas del sector productivo; y que incrementará aún más las exigencias que tienen que cumplir por la llamada "línea de inversión productiva" que les impuso el organismo a mediados de 2012.

El propio Fábrega consideró el martes, ante este diario, que la nueva norma será aún más pretenciosa que la que deben respetar actualmente, si bien se negó a dar mayores precisiones sobre sus nuevos requisitos.

El presidente del Central prevé convocar a los bancos en los próximos días para contarles los detalles de la nueva comunicación que tiene previsto emitir. "Es necesario comunicársela al sistema financiero", se disculpó el ex Banco Nación, ante la consulta de los medios.

La obligación, según se estudia, podría incluir como primera medida una ampliación del monto a destinar, que actualmente es del 5% de los depósitos privados; y algunas exigencias adicionales para incrementar el porcentaje destinado a las pymes y a las economías regionales, entre otras.

Pero llegará, eso sí, en un momento en que los bancos empiezan a verse más resentidos en su liquidez. El dinero que tienen en los depósitos a la vista, que utilizan para fondear sus créditos en el sistema, está ahora en el mismo nivel de hace exactamente treinta días (lo que significa que no sólo no crece nominalmente, sino que cae en términos reales), y la tasa de interés que pagan por un depósito a plazo fijo se disparó esta semana arriba del 20% por primera vez desde que se instaló el cepo cambiario, en noviembre de 2011.

El negocio de los bancos empieza a encontrar problemas, ahora, por la menor expansión monetaria que debe convalidar el Banco Central por su fuerte venta de dólares (cada vez que se desprende de divisas retira pesos del mercado), la resistencia de los ahorristas a dejar su dinero en el banco en momentos en que suben el tipo de cambio y los precios; y la estacionalidad de diciembre, un mes en el que los particulares y las empresas necesitan de efectivo para el pago de sueldos, aguinaldos y el consumo por las fiestas y las vacaciones.

En el sistema empezó a advertirse también, ahora, una mayor fuga de los pesos que queda en efectivo y en poder del público. Es un riesgo que se había percibido apenas desembarcaron las restricciones de la AFIP, pero que había desaparecido a mitad del año pasado. Y que encontrará destino, tarde o temprano, en el consumo de bienes o de dólares en el mercado paralelo, y podría poner aún más presión a la estampida del "blue" y de los precios.

"Algo del dinero que sale de cuentas a la vista va a plazos fijos, pero parte se va del sistema y va a bienes o a dólares. Si empieza una corrida o suben mucho las tasas o caen las reservas, se van. Cualquier combinación va derecho a la recesión", explicó ayer a este diario el economista de reporte económico Alejando Banzas.

Se estima que, actualmente, los bancos tienen colocados ya $ 42.000 millones en la economía a través de la "línea de inversión productiva" que el Central quiere ampliar. Y que la cifra superará los $ 55.000 millones en el comienzo del año próximo. La tasa para estos créditos es, según el esquema actual, del 15,2% anual, y el plazo mínimo al que deben ser otorgados es de tres años.

En el Central consideran que la medida servirá para resolver el problema inflacionario que, desde hace tiempo, empezó a sufrir la economía local. El diagnóstico de sus autoridades es similar al que hasta el final de sus días mantuvo Mercedes Marcó del Pont: que la escalada de precios responde hoy estrictamente a una escasez de oferta (de bienes), que debe ser contrarrestada con inversión. Para eso, el plan de Fábrega es exigir a las entidades que desembolsen una mayor cantidad de los depósitos a plazo fijo que lograron capturar en el último tiempo y apuntalen, de ese modo, la actividad y los proyectos de las empresas.

En los bancos consideran que la línea se les hace insostenible en un contexto de caída de liquidez, tasas de interés en ascenso, inflación y devaluación. Y que la obligación de prestar al 15%, cuando el costo de obtener dinero (con cierta estabilidad, como es el plazo fijo) es para ellos del 20%, les reportará en el futuro una fuerte pérdida de rentabilidad.