El Estado no sabe si los beneficiarios de la jubilación viven o no. Entonces, para evitar que alguien cobre fraudulentamente lo que correspondía a un fallecido opta por aplicar un trámite de la peor burocracia: supone a los beneficiarios muertos, salvo que presenten prueba en contrario.

El sistema de jubilación estatal no tiene forma de enterarse rápidamente de que un beneficiario falleció y suspender los pagos. Supone que los que pasaron de cierta edad tienen altas probabilidades de morir, entonces los obliga a probar periódicamente que están aún en este mundo, y pagar por ello.

Las estadísticas internacionales conocidas en los últimos días muestran muy malas noticias. La percepción que relevó Transparency indica que el país es muy corrupto y las pruebas PISA revelaron que los resultados del sistema educativo son alarmantemente malos. El país es más corrupto y su población cada vez peor educada. Es el mismo sector público que ha llevado la presión impositiva y el gasto a niveles récord. Y lo peor de todo es que para poder conocer la verdad de la situación hay que recurrir a estadísticas hechas fuera del país, porque las oficiales son escandalosamente manipuladas. En la Argentina la verdad es importada.

Las mediciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) para la Asociación Empresaria Argentina (AEA) muestran que el gasto público total de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal rondó en 2012 el 40% del PBI. Como se trata de un promedio, los especialistas descuentan que al haber un amplio sector de la economía en la informalidad, quienes están completamente en blanco sufren una presión impositiva de más del 50% de sus ingresos. Es decir, la mitad del año trabajan para sostener al Estado. Y sólo la otra mitad para ellos.

El Iaraf calculó, por ejemplo, que sólo para pagar los tributos este año se debió trabajar 172 días. En España, complicada por el ajuste y la recesión, fueron 130. En Estados Unidos este año debieron trabajar hasta el 18 de abril para pagarle al Tío Sam. Cinco días más que en 2012, a raíz del llamado "abismo fiscal" y la aplicación del plan de salud conocido como Obama Care. Los argentinos debieron trabajar más de dos meses más para sostener a su propio sector público, que no sabe siquiera si están vivos o no.

La mayor presión fiscal de la historia del país coincide también con un grado alarmante de inoperancia estatal. Es el mismo Estado que no puede controlar la inseguridad y el narcotráfico, que tiene rutas en estado de alto deterioro en las que, encima, hay que pagar peaje, y sistemas ferroviaros catastróficos, que han causado los peores accidentes de la historia.

La falta de estadísticas confiables y la carencia de auditorías serias impide monitorear los resultados y conocer las causas de que gastando más fondos se produzcan resultados cada vez peores. Pero hay sospechas. Por ejemplo, el Gobierno se jacta de haber llevado a seis puntos del PBI el gasto en educación. El resultado de las PISA muestra que allí se han dilapidado recursos en nombre de la educación, gastando el dinero en otra cosa. Por ejemplo, ¿vale decir que es "presupuesto de educación" lo que una universidad pública destina a financiar una telenovela de Andrea del Boca? Hay además enormes sospechas de que parte de los dineros destinados a casas de altos estudios se usan para solventar subrepticiamente gastos de los grandes planteles del Poder Ejecutivo. Para que parezca que se gasta en educar, mientras se usa para burocracia creciente.

El Gobierno dice que subsidia a los usuarios de servicios públicos. Es falso. Les abarata tarifas por un lado y por otro les cobra impuestos altísimos. Ahora piensa en aumentarles las tarifas y seguir subiendo los impuestos. La ineficiencia no sólo es cara, lo será más todavía.