Por Alexei Barrionuevo, en Bruselas y G. Thomas Sims, en Francfort - Desde que se sumaron a la Unión Europea en mayo, los países centroeuropeos han luchado por estabilizar sus frágiles gobiernos. Ahora, su delicado estado amenaza con prolongar el siguiente paso hacia una reforma económica: la adopción del euro.

Un informe publicado ayer por el Banco Central Europeo resalta la creciente preocupación con los déficit fiscales de algunos de los nuevos miembros de la UE. El año pasado esos déficit promediaron un 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima del límite del 3% requerido para adoptar el euro.

Se espera este año que los déficit disminuyan sólo levemente, a pesar de un crecimiento relativamente dinámico y de que muchos gobiernos buscan controlar el gasto.

En toda la región, estas jóvenes democracias están descubriendo que la lucha por reducir los déficit y preparar las economías para integrarse a la UE ha desatado un descontento generalizados contra los gobiernos.

La decepción sobre los presuntos beneficios de sumarse a la UE ha enojado aún más a los ciudadanos.

La opinión pública en la República Checa, Polonia y Hungría se ha desplomado. En realidad, seis de los ocho ex países comunistas que entraron en mayo a la UE han cambiado este año de primer ministro.

Los economistas advierten que si el caos político persiste, la mayor parte de los gobiernos centroeuropeos carecerán de la voluntad política para implementar los cambios a sus finanzas públicas, necesarios para bajar el déficit y allanar el camino para adoptar el euro, especialmente con las elecciones previstas para el próximo año y 2006.

"Sería un suicidio político", dice Michal Dybula, economista de BNP Paribas.

En privado, los funcionarios del BCE manifiestan su preocupación de que los países adopten medidas excepcionales para cumplir con el requisito de que su déficit fiscal no exceda un 3% del PIB, califiquen para adoptar el euro y luego luego vean cómo sus déficits se disparan tras la adopción de la moneda. Eso ha pasado en los últimos años, especialmente en Alemania y Francia, dos de los países fundadores de la UE.

La rápida desintegración de los gobiernos de coalición en Europa del Este pone de manifiesto el alto costo de sumarse a la UE, además del frágil estado de las economías de los países ex comunistas.

La zanahoria que significaba integrar la UE brindó a los nuevos miembros una clara hoja de ruta política.

Pero a partir del primero de mayo, la UE ha tenido menos poder para influir en la política interna de otros países. El resultado ha sido una serie de riñas entre partidos que antes estaban aliados para lograr su ingreso a la UE.

"La entrada a la UE sirvió como un gran aglutinador político", dice Katinka Barysch, economista jefe del Centro para la Reforma Europea, un instituto de estudios políticos en Londres. "Ahora que el objetivo más amplio se logró y que el desenlace no ha sido tan bueno como se esperaba, esa unión no es la misma".

Hace sólo dos años, el apoyo del público de Europa Central hacia la UE y los gobiernos nacionales era alto. Pero para muchos ciudadanos impacientes, ese optimismo excesivo de que el ingreso a la UE iba a cambiar sus vidas se ha desvanecido.

Los miles de millones de euros que se invirtieron en Irlanda, Grecia, España y Portugal en las expansiones anteriores no se han repetido ahora. España, que se sumó a la UE en 1986, recibirá 8.300 millones de euros en subsidios netos este año, más de cuatro veces lo que obtendrá Polonia.

Además, los ciudadanos de los nuevos miembros tampoco tienen la misma libertad para buscar trabajo en los 15 miembros restantes de la UE, 12 de los cuales han impuesto restricciones al movimiento laboral que durarán varios años.

En el tema fiscal, los funcionarios del BCE dicen que los nuevos intergrantes de la UE deben reducir sustancialmente sus déficit para crear un margen mayor de maniobra.

"Hay un peligro en los países que ingresen con un 2,99% y no tengan ningún margen para manobriar si les toca una crisis", explicó la semana pasada Christian Thimann, un alto directivo de la división de relaciones internacionales y europeas del BCE.

El BCE tiene la obligación legal de realizar informes regulares sobre la preparación de los miembros de la UE para adoptar el euro, pero la última palabra acerca de la integración pertenece a las máximas autoridades de los países.

Por lo general, el BCE no quiere que ingresen nuevos miembros antes de que estén listos. De ese modo, pueden retener más flexibilidad sobre sus políticas monetarias, presupuestarias y cambiarias hasta que sus economías alcancen los niveles occidentales.

Si bien la adopción del euro requiere algunos sacrificios, los nuevos países tienen muchos deseos de unirse para sacar provecho de los beneficios.