El Ministerio de Economía promete que el nuevo índice de precios al consumidor (IPC)"dará lo que tenga que dar" con la medición que se hará desde el mes próximo. Pero técnicos que participaron en su elaboración advirtieron que será muy complicado comprobar su veracidad.

Fuentes del Ministerio de Economía dijeron a LA NACION que no se hará nada para evitar que el IPC nacional, que se reeditará desde febrero (con la medición de los precios de enero), eventualmente arroje un resultado cercano al medido por las provincias o las consultoras privadas.

Mientras que el IPC del Indec se ubica en 10,5% anual, las mediciones alternativas van de 26 a 29%, y para el año próximo ya hablan de 30%.

Ante esta enorme brecha, a los analistas les cuesta sostener si el Gobierno reconocerá un número alto de inflación o sólo admitirá un "maquillaje" en las cifras, con unas décimas más, como para ganar tiempo frente al monitoreo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en febrero pasado aplicó una moción de censura al país, un castigo sin precedente.

Un hecho que aumenta la desconfianza es que en la elaboración del nuevo IPC participaron las mismas autoridades del Indec acusadas de manipular las estadísticas desde 2007.

Se trata de Ana Edwin y Norberto Itzcovich. Las fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que "la idea es que ambos se vayan para aprovechar el efecto positivo sobre las expectativas de cambio del indicador, porque son dos personas sin credibilidad, como ocurría con [Guillermo] Moreno", el ex secretario de Comercio Interior, que renunció tras varios años de fracasos.

Justamente la conducción del Indec fue designada y supervisada por Moreno, quien, a su vez, tenía permiso absoluto de la presidenta Cristina Kirchner para actuar en esta materia. Por esta razón, en Economía reconocen que "el cambio en la conducción del Indec no es un tema urgente y puede ocurrir que se defina a último momento", cerca de la difusión del nuevo IPC. Entre los candidatos para esos cargos trascendieron los nombres de Julio Rotman -ex responsable de la Dirección de Estadísticas del Indec- y Noemí Muchnick -ex funcionaria de la Oncca, vinculada con Kicillof-, pero aún no hay una confirmación.

Mientras tanto, técnicos del Indec y de direcciones de estadísticas provinciales advirtieron ciertas "irregularidades en la confección del nuevo IPC", a nivel metodológico, por los lugares en donde se midieron los productos y por el criterio de dispersión de los precios relevados. Además, indicó una fuente que participó en esta etapa, "a diferencia del anterior IPC nacional, que se publicó hasta 2008 en paralelo con los índices provinciales, ahora éstos dejaron de salir en casi todas las provincias y, por lo tanto, desaparecerán las mediciones para confrontar la legitimidad del nuevo IPC".

San Luis, Santa Fe y Chubut son las pocas excepciones, junto con la ciudad de Buenos Aires, que no adhirieron ni participarán del nuevo indicador nacional. Justamente, el Gobierno dejó de publicar el anterior IPC nacional cuando registró fuertes diferencias con los resultados de los índices provinciales.

Por su parte, la directora de Estadísticas de Mendoza, María Crisafulli, dijo a LA NACION que "hay una gran expectativa de las provincias y de la sociedad de que el nuevo IPC refleje en forma cabal la variación de precios, con una canasta muy completa, de 620 productos".

Sin embargo, la funcionaria admitió que "habrá una sola medición a nivel nacional, a la que en seis meses se agregarán resultados regionales, salvo en el caso de las provincias que decidan seguir publicando sus propios índices".

En tanto, economistas consultados por LA NACION coincidieron en señalar que, a priori, el cambio de la cifra genera buenas expectativas, aunque habrá que ver si el nuevo índice se ajusta un poco más a la realidad y si, además, es acompañado por un plan para bajar la inflación. Agustín D'Attellis, de la corriente oficialista La Gran Makro, dijo que "es esperable que el nuevo IPC arroje un valor cercano al que actualmente mide el índice de precios implícito, el IPI, que surge de la relación entre PBI real y nominal, cercano al 20 por ciento anual". Fausto Spotorno, del estudio Ferreres, dijo: "La verdad es que no sé si reflejará la inflación real, aunque tengo la esperanza de que lo haga, pero el cambio metodológico no es una solución si se cargan precios falsos, como sucede hasta ahora".

Marco Lavagna, director de Ecolatina, coincidió con este reparo y aclaró que "un termómetro que muestre el problema y sus razones debería mejorar las expectativas, que, igualmente, no durarán si rápidamente no se dan señales sobre cuáles serán las acciones concretas, y de largo plazo, para afrontar la inflación". Al respecto, D'Attellis sostuvo que "los acuerdos de precios son efectivos en el corto plazo, pero deben ir acompañados de medidas que apunten a un ordenamiento macroeconómico, en los frentes fiscal, monetario y cambiario".