Por EDUARDO CASPANI - El Gobierno es coherente con su optimismo. Calculando que se llegará a una reestructuración exitosa de la deuda y previendo un fuerte ingreso de fondos para el año que viene, el Ministerio de Economía estudia una serie de medidas para aumentar el control sobre el flujo de capitales y evitar así que haya un impacto sobre el tipo de cambio que perjudique el modelo económico exportador que se busca impulsar.
La señal es clara: el Gobierno no quiere que el peso se aprecie y hará lo necesario para sostenerlo en un nivel cercano a los
$ 3. De hecho, fue el propio Kirchner quien a poco de asumir firmó el decreto 285/2003 que estableció un plazo de permanencia mínimo de seis meses para los capitales que ingresen al país, buscando reducir la especulación financiera de corto plazo y limitando el poder de presión de los mercados externos.
"Se están estudiando medidas para regular el ingreso y egreso de capitales para el año que viene", aseguró la presidenta del Banco Nación, Felisa Miceli, durante un seminario organizado por la Universidad del CEMA. Este tipo de medidas tampoco serían mal vistas por el presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien de producirse un fuerte ingreso de fondos, tendría más dificultades para lograr compatibilizar una política monetaria con inflación contenida y un tipo de cambio elevado.
Tradicionalmente, existen tres formas de restringir el flujo: estableciendo un plazo mínimo, obligando al inversor a realizar un encaje no remunerado en el banco central o tributando un impuesto especial a la renta obtenida. En general, las medidas son derivaciones de éstas.
Por ahora, lo que registran los números es un freno de la fuga de capitales, pero sin aluvión de dólares. Pensando en un escenario de mayor ingreso de fondos, el Gobierno estima que la necesidad de nuevas medidas se hará palpable y para ello está estudiando de cerca el caso chileno, que tuvo vigente un sistema de control de capitales entre 1991 y 1998.
En ese momento, superada la crisis de la deuda latinoamericana de la década de los 80, hubo un reacomodamiento de los portfolios internacionales que provocó un mayor flujo de fondos hacia las economías emergentes. Con el fin de reducir la vulnerabilidad ante fondos especulativos, lograr mayor independencia monetaria y frenar la apreciación del peso chileno para mantener la competitividad exportadora, el Gobierno de ese entonces decidió implementar controles. Básicamente, la norma consistía en obligar al inversor a dejar un encaje (primero fue 20% y luego subió a 30%) sobre el total ingresado, por un período de un año.
¿Son efectivos?
Hubo mucha discusión sobre la efectividad de los controles. Con posterioridad a la eliminación de las restricciones, el Banco Central de Chile (BCC) elaboró un documento de trabajo en el que analizó la efectividad de las medidas.
Dentro de los aspectos favorables, el informe destaca el alargamiento del plazo de las inversiones, el logro de mayor independencia en el manejo monetario y la reducción en el nivel del endeudamiento del país.
Sin embargo, también hubo aspectos negativos. El primordial tiene que ver con que no se logro evitar el proceso de apreciación del peso chileno y mejorar la competitividad de los exportadores, algo que tienen que tener muy presente los funcionarios argentinos. Además, las medidas incrementaron el costo del dinero y eso tuvo mayor incidencia en las pequeñas y medianas empresas que no tenían acceso a los mercados internacionales. La conclusión de ese documento elaborado por el BCC es que la economía podría haber crecido 0,5% más al año sin el control de capitales.