Por Juan J. Llach - La Argentina necesita una discusión más franca y pública sobre las políticas de crecimiento. Con la economía mundial creciendo más que en los últimos treinta años, nuestra economía crecerá en 2005 un respetable 5%. Aun así hay que preguntarse si estamos haciendo todo lo necesario para que el crecimiento rápido se mantenga mucho tiempo y se transforme en desarrollo de la economía y de la sociedad.

Son dos los enfoques al respecto. Por un lado, el oficial o estructuralista insiste en que la clave para crecer es que la política económica genere oportunidades de negocios mediante precios relativos adecuados, centralmente el tipo de cambio real. Cierta y afortunadamente, como señaló hace tiempo Lucas Llach, esta vieja heterodoxia ha hecho propios componentes ortodoxos tales como el equilibrio presupuestario y la economía abierta. Por su parte, Dani Rodrik ha señalado que mirando los países del Lejano Oriente es claro que se puede crecer rápido sin los códigos occidentales de reglas y seguridad jurídica y que el desarrollo institucional que conduce a ellas surgirá más bien como consecuencia que como causa del crecimiento.

Se agrega que no hay que preocuparse tanto por el default, dado que los mercados financieros tienen memoria corta y, más temprano que tarde, volverán los préstamos y las inversiones. Este pensamiento heterodoxo-ortodoxo ha ganado también posiciones en los organismos financieros internacionales.

El enfoque alternativo, arraigado en la rancia tradición liberal, destaca que las reglas de juego y la seguridad jurídica son precondición para el crecimiento. Así lo creen también los dos premios Nobel de economía 2004, el noruego Finn E. Kydland y el norteamericano Edward C. Prescott. En el caso de Kydland el trabajo en cuestión, con aspectos muy polémicos, fue escrito con nuestro compatriota Carlos Zarazaga (La década perdida de la Argentina y la recuperación poste-

rior, www.dallasfed.org/la tin/papers/2003/lawp0304). Analizando las décadas del ochenta y del noventa con el modelo neoclásico de crecimiento concluyen que, como ocurre cuando se estudia la Gran Depresión norteamericana, el modelo explica bien la caída pero no la recuperación. Durante la década del noventa, el PIB fue menor al esperado por el modelo, por el insuficiente aumento de la inversión. Los autores conjeturan que ello se debió a los altos impuestos al capital, bajo la forma de expropiaciones tales como el default de 1982, el ahorro forzoso y las varias confiscaciones de depósitos. Como consecuencia, prestamistas e inversores redujeron su exposición al riesgo nacional, comportamiento que, a la luz de las nuevas expropiaciones de depósitos y el default público y privado de 2001, resultó acertado. Subyace aquí la inconsistencia temporal, estudiada por Kydland y Prescott, que Juan Carlos de Pablo expuso en esta columna.

Los estudios aparecidos en las últimas semanas, como el del Banco Mundial sobre clima de inversión, el del World Economic Forum sobre competitividad y el de Transparency International sobre corrupción, ponen en evidencia nuestras graves carencias en materia de seguridad jurídica y transparencia.

Aunque puede resultar odioso colocarse en el papel de árbitro imparcial, lo cierto es que ambos enfoques tienen su parte de verdad. Más aun, hasta cierto punto, los precios relativos y la seguridad jurídica son sustitutos, pudiendo parcialmente compensarse menor seguridad con más rentabilidad y viceversa.

Sin embargo, ocurre también que la Argentina tiene dos vecinos que le plantean un desafío formidable. Por un lado, Chile, el modelo regional de calidad institucional y seguridad jurídica. Por otro lado, Brasil, porque si de oportunidades de negocios se trata, allá siempre serán mayores por el tamaño del mercado, salvo en actividades con clara desventaja competitiva. Por ello, si la Argentina aspira a atraer inversiones en la medida suficiente para desarrollarse sostenidamente, debe esmerarse mucho para mejorar su reputación y compensar estas desventajas regionales.

Hay giros recientes del Gobierno que se orientan en este sentido, tales como las políticas de seguridad y orden público, la negociación con las AFJP o las entabladas ahora por la ley de servicios públicos, aunque van en dirección opuesta el fallo de la Corte sobre accidentes de trabajo y la sanción del Senado referida a los cortes de servicios públicos. En este marco, un alto porcentaje de aceptación de la propuesta argentina sobre la deuda pública ayudaría notablemente a la mejora de la reputación argentina y al desarrollo del país. Si el Gobierno logra este objetivo y profundiza sus giros recientes mejorarán sin dudas las posiblidades de desarrollo sostenido para el país.