Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que el acumulado hasta el viernes pasado sumaba US$ 630 millones, frente a la meta de US$ 4000 millones que se había fijado el Gobierno al lanzarlo en mayo de 2013. Esta suma incluye tanto la compra de Certificados de Depósitos de Inversión (Cedin), para el mercado inmobiliario, como la de Bonos Argentinos de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade), para el sector energético.

La proporción es de 90% para el primer instrumento y apenas un 10% para el segundo, pese que empresas como la petrolera Bridas se habían comprometido el año pasado a suscribir US$ 500 millones. En tanto, los bancos fueron los únicos que aportaron una suma, cercana a los US$ 50 millones, ante la presión del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a diferencia de otros sectores, como las telefónicas, que prometieron, como Bridas, pero no aportaron.

Las cerealeras, el otro sector que había sido colocado en la mira de Moreno, finalmente negoció con el Banco Central la suscripción de otra letra más conveniente, como adelanto de los dólares de la cosecha 2014, por US$ 385,3 millones desde mediados de diciembre. Pese a las acusaciones formuladas desde el oficialismo, el sector defendió el ritmo de liquidación de divisas y negó haber incumplido con el acuerdo con el Gobierno, al expresar que hasta mediados de este mes habían entrado US$ 1820 millones. "Si no ingresaron más es porque no hay más venta por parte de los productores, que, pese a la devaluación, están esperando a tener más certidumbre. A esto se suma la decisión del Gobierno de no abrir más la exportación de trigo", indicó una calificada fuente del sector.

Según un estudio de la Fundación Mediterránea, "si los productores mantienen el ritmo de ventas de los últimos meses, las divisas potenciales que podrían generarse estarían en un rango de entre US$ 1600 y US$ 2000 millones para el bimestre febrero/marzo; por el contrario, si decidiesen cerrar el ciclo 2012/2013 con existencias similares a las del ciclo previo, deberían volcar al mercado unos 9 millones de toneladas en el próximo bimestre, que representan unos US$ 4590 millones a los precios externos actuales".

Más allá de este sector, en el Gobierno son cada vez más los funcionarios que se preguntan para qué se decidió la segunda prórroga del blanqueo, luego de que, a fines de diciembre, cuando finalizó el plazo estipulado originalmente, los fondos ingresados habían ascendido sólo a US$ 607 millones, frente a los US$ 4000 millones obtenidos en el blanqueo de 2009.

De hecho, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, le había recomendado a la presidenta Cristina Kirchner -como luego lo reconoció públicamente- que este plan ni siquiera se estirara más allá del trimestre julio-septiembre (2013) previsto por la ley aprobada por el Congreso; en esos primeros tres meses, apenas logró capturar US$ 379 millones.

Antes, el blanqueo había sido defendido por todos los funcionarios del equipo económico en el Congreso: Moreno, Echegaray y tres ex: la presidenta del BCRA Mercedes Marcó del Pont, el ministro de Economía Hernán Lorenzino y el viceministro Axel Kicillof.

Los analistas del sector privado consideraron que el blanqueo no sirvió por la incertidumbre política y económica, pero también por el desacierto en la confección de los instrumentos elegidos. Mientras que el blanqueo de 2009 tenía un objetivo fiscal, el segundo escondía la idea de recomponer las reservas del Banco Central, afectadas por la fuga que persistió pese a la vigencia del cepo cambiario. En particular, el Cedin no logró revertir la parálisis del cepo entre vendedores y compradores del mercado inmobiliario; por esta razón, mes a mes, las cifras del Colegio de Escribanos siguen exhibiendo caídas en las ventas.

En tanto, el Baade tampoco generó interés porque se buscó colocar deuda a una tasa de interés muy por debajo del rendimiento de bonos a plazos similares ofrecidos por el Estado. Ante este fracaso, se aceleró la salida de Moreno, Marcó del Pont y Lorenzino, y Kicillof comenzó a admitir la necesidad de endeudarse en el exterior por la persistente caída de las reservas. Los funcionarios de Economía admiten que hay que arreglar los asuntos clave de la deuda en default -Club de París y la causa judicial en Nueva York- para que un bono argentino genere interés entre los inversores, locales y extranjeros.

En enero la recaudación habría crecido 25%

El Gobierno difundirá hoy la recaudación de enero, que según estimaciones preliminares se ubicaría por encima de los $ 81.000 millones. El resultado estará impulsado por las ventas internas efectuadas en diciembre, cuyo IVA se liquida en enero, y compensarán las caídas que se produjeron en otros tributos, como por ejemplo el comercio exterior, que continuó en declive.

Las cifras serán difundidas por el administrador federal de ingresos públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, durante una conferencia de prensa.

Los primeros meses del año serán fundamentales para definir la tendencia de los ingresos tributarios en 2014, que según expresa el presupuesto nacional deberán superar el billón de pesos.

El presupuesto fue proyectado con un dólar promedio de 6,33 pesos y con una inflación del orden del 10% anual.

Ya con un dólar oficial de 8 pesos por billete y una inflación real con piso del 25%, la tarea de la AFIP se verá aliviada, al menos desde la exigencia de tener que cumplir con lo votado por el Congreso Nacional.

Argumentos

Esta situación le dará un argumento a Echegaray para mostrar eficiencia en el cumplimiento de lo pautado desde el Ministerio de Economía, con el que mantiene diferencias. Pero además del número absoluto, los analistas esperan determinar la tendencia del ritmo recaudatorio, ya que 2013 terminó con una desaceleración en el ritmo de avance.

Incluso en los dos últimos meses los incrementos interanuales estuvieron por debajo de los porcentajes de inflación real. Así se pasó de picos de incremento interanual de 31% en julio a un alza de 21 por ciento en los dos últimos meses del año.

Por tanto la cifra final estará por encima de los 81.000 millones de pesos, lo que significaría un incremento de por los menos 25 por ciento en términos interanuales.