Por: Fernando Navajas - Una década de acumulación de distorsiones de precios relativos producto de desaciertos en el diseño e implementación de la política económica, están llevando por la fuerza al Gobierno a aceptar una nueva configuración de precios relativos, con el tipo de cambio a la cabeza de los reajustes. Lo que está en juego ahora es enfrentar el problema que deviene de realizar tarde estos ajustes en una economía inflacionaria tal que puede llevar a un proceso de desestabilización en donde la política pública termine derrotada y adaptándose al desenvolvimiento de la crisis. Es por ello que, desde el punto de vista del interés público, el objetivo primordial de la política pública en la actual coyuntura es evitar que se produzca una devaluación real del peso excesiva, más allá de lo que la economía necesita, porque la misma va a venir acompañada por un ajuste recesivo excesivo con consecuencias muy negativas sobre el bienestar y la equidad. La defensa para que este sobreajuste del tipo de cambio real (llamado "overshooting" en la jerga) no se produzca, es el objetivo fundamental de la política pública y sobre el que gira todo lo demás. Algo en lo que debiera haber un consenso amplio.

Los subsidios a la energía y las tarifas de los servicios públicos son algo casi emblemático en los desequilibrios de precios relativos de toda esta década. Están asociados a la más larga y profunda caída del precio real de las tarifas de los servicios públicos asociados a la energía que registra la historia económica de la Argentina. Hace rato que superó ampliamente lo que Horacio Núñez Miñana y Alberto Porto bautizaron hace mucho como el período del "gran deterioro" real de las tarifas (1945-1952) y que estudiábamos como algo especial o irrepetible. Así, la situación en materia de subsidios no da para más, en particular porque la devaluación real ha empeorado las cosas. Y no sólo por cuestiones fiscales. La salud patrimonial del BCRA ha sido deteriorada todos estos años por la "cuenta energética" de las importaciones de energía que tiene que pagar con sus reservas, y que explican la parte significativa de los subsidios. El BCRA debería exigirle a Hacienda una compensación en pesos genuina que lo capitalice para evitar el deterioro patrimonial por la política de subsidios a la energía.

Decir que los subsidios tienen que eliminarse es una cosa, eliminarlos es otra muy distinta. Es que ahora la actualización de las tarifas, es decir la eliminación de los subsidios, ha pasado a ser subsidiaria en el corto plazo a la de pelear una estabilización del tipo de cambio tal que, en ausencia de un esquema más amplio y consistente, impide un ajuste abrupto de precios del gas y la electricidad. Este anclaje auxiliar de las tarifas ya ocurrió en otros episodios y está bien registrado en trabajos que muestran qué le ha pasado a las estructuras tarifarias bajo el estrés provocado por la macro. Es muy simple, se deterioran en términos reales, es decir, se usan de ancla para que los precios no suban más en el corto plazo. Sólo que hoy estamos en otro mundo porque el punto de partida está signado por el atraso fenomenal acumulado en una década. Hoy no queda otra que empezar a bajar los subsidios en términos reales.

La forma más apropiada de llevar adelante esto en las presentes circunstancias es con un rediseño de los subsidios de modo tal que se dé una señal creíble de que los subsidios van a caer en términos reales en el mediano plazo, pero sin provocar un ajuste violento en el corto plazo, que sea leído como un tarifazo, espiralice la formación de precios y salarios y tenga una incidencia distributiva espantosa. Este rediseño pasa por transformar automáticamente a todos los subsidios a una suma fija (que de hecho ya figura así calculado explícitamente en las facturas) y dejarla fija además en términos nominales, para que la inflación lique el valor real de los subsidios. Esto se debería hacer tanto para hogares por un lado como para la industria y el comercio por el otro, que se dividen en partes casi iguales las magnitudes de los subsidios. Al mismo tiempo se debería anunciar que el "statuo-quo" en materia de subsidios se respeta para los hogares de ingresos bajos y medios bajos (se puede elevar la cifra de la reconversión a suma fija, lo que es el comienzo de una tarifa social explícita) y se podría avanzar en la migración a precios sin subsidios de hogares de ingresos medio altos y altos y de empresas. Con este cambio, las señales no son sólo de reducción de los subsidios. Los precios pasan a reflejar los costos de provisión de electricidad y gas, las señales de precios se restablecen y los subsidios quedan como una pura operación de transferencia fiscal a los usuarios que va a ser reducida por la inflación. Las señales para la inversión y la oferta mejoran sustancialmente.

El problema de la implementación de esta reforma no es trivial, hay que reconocerlo. Para que funcione se deben cumplir dos principios de política pública que hoy no están garantizados (en rigor, pocas veces lo estuvieron en la Argentina). Uno es que el Ejecutivo entienda, diseñe, coordine y pueda comunicar bien la reforma de los subsidios. El otro es que la población lo entienda, y no quede atrapada en el fuego cruzado del bloqueo judicial y de protesta que sigue al bombardeo político y mediático de que se está haciendo un ajuste. Es decir que termine en una reversión de los anuncios. La pregunta de la fábula, ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? está, en el caso de la operación de la reducción de los subsidios, más vigente que nunca.