Gramercy, que administra unos US$3.900 millones, ha estado asesorando a Argentina tras bambalinas sobre cómo restablecer su reputación ante los inversionistas internacionales y recuperar el acceso a los mercados de capital.
Al hacerlo, Gramercy se ha enfrentado a Elliott, una firma de mayor tamaño que batalla con Argentina desde hace años.
Famosa por sus tácticas frontales con los deudores, Elliott intentó confiscar el avión de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante una escala para abastecerse de combustible y embargó un navío de ese país.
El choque entre las dos firmas de inversión alcanzó su punto culminante a fines del mes pasado cuando Elliott calificó una propuesta de compromiso que defendía Gramercy como "más allá de lo extraño", "completamente impracticable" y "una farsa" en una carta enviada a sus inversionistas.
La escaramuza ilustra cómo las repercusiones de la cesación de pagos de un país pueden durar años, con grandes sumas en juego. También es un ejemplo poco habitual de dos fondos con miles de millones de dólares bajo gestión que adoptan estrategias directamente opuestas sobre una operación de gran envergadura.
"Uno optó por la cooperación abierta y el otro eligió la confrontación abierta", señala Anna Gelpern, profesora de la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown e investigadora del Peter G. Peterson Institute for International Economics. "Me da mucha curiosidad ver cómo se define".
La disputa se origina en el cese de pagos de Argentina en diciembre de 2001 sobre unos US$80.000 millones de deuda que no se transa en el mercado. En 2005, Argentina les hizo una oferta a los acreedores: a cambio de los bonos originales que había dejado de pagar, les emitiría papeles con descuento junto con vales (warrants) vinculados a su crecimiento futuro. Con un valor de alrededor de 27 centavos por dólar en aquel momento, la oferta fue aceptada por los tenedores de bonos que poseían alrededor de 76% de la deuda que el país había incumplido. Elliott y otros inversionistas decidieron esperar a que surgieran mejores condiciones, pero Argentina insistió en que la oferta no se repetiría.
Elliott, que administra unos US$23.300 millones, es dirigida por Paul Singer, un inversionista multimillonario de 68 años que contribuye al Partido Republicano en EE.UU.
Kirchner prometió no volver a negociar con Elliott y lo acusó de ser un fondo "buitre". Un vocero de Elliott indicó que la postura de la firma ha sido consistente desde hace años. "Esperamos que Argentina se siente con sus acreedores que no recibieron pagos para encontrar una solución a la cesación que continúa", dijo. En Elliott alentamos a otros involucrados "a instar al gobierno argentino a negociar directamente con nosotros para lograr una resolución exitosa", añadió.
Gramercy ha jugado un papel más discreto y más conciliador. Su fundador, Robert Koenigsberger, ha sido visto en la Casa Rosada, en Buenos Aires.
Documentos judiciales muestran que Elliott afirma que Argentina le adeuda unos US$2.500 millones, mientras que la exposición de Gramercy sería de al menos US$400 millones.
Dirigida por Koenigsberger, un ex banquero de inversión de 48 años, Gramercy asumió un rol protagónico cuando se acercó discretamente a Argentina en 2010 y la persuadió de reabrir la oferta de 2005. Para ese entonces, el paquete de bonos y warrants que Argentina había ofrecido cinco años antes se habían apreciado, puesto que la economía volvió a crecer. Sin embargo, Elliott, otras firmas de inversión y miles de pensionados italianos volvieron a rechazar la propuesta.
Desde entonces, Gramercy ha estado asesorando al gobierno argentino sobre cómo normalizar sus relaciones con la comunidad internacional. Gramercy defiende su colaboración con Argentina. "Elliott tiene el mismo acceso al gobierno argentino que Gramercy. Sólo que ellos no pueden encontrar terreno en común", señala una persona al tanto de la forma de pensar de Gramercy.
En algunas ocasiones, Gramercy provocó a Elliott. En una presentación ante el fondo de jubilación del estado de Nuevo Hampshire en septiembre de 2012, Gramercy delineó un plan de varios pasos para restablecer la posición de Argentina en los mercados de capital y "aislar" a los que habían rechazado las ofertas de canje del gobierno (conocidos como holdouts).
Desde entonces, Argentina ha seguido el libreto de Gramercy. El fondo de cobertura obtuvo ganancias durante el proceso al comprar algunos fallos emitidos contra Argentina en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial con fuertes descuentos para luego vendérselos al país por más dinero, señalaron fuentes al tanto.
Mientras Gramercy se acercó a Argentina, Elliott llevó al país a la Justicia en EE.UU. En agosto, una corte de apelaciones federal en Nueva York se puso del lado de Elliott y dictaminó que Argentina no puede realizar pagos de intereses sobre los bonos que canjeó en 2005 y 2010 si no paga a quienes rechazaron el pacto lo que les debe de los bonos originales.
La decisión no entrará en vigencia hasta que la Corte Suprema de EE.UU. decida si toma el caso este año. No obstante, sacudió a Gramercy: si se mantiene en pie, Argentina podría optar por no pagar los bonos de canje que tiene Gramercy para no pagarle a Elliott y el resto de los holdouts.
La respuesta de Gramercy ha sido impulsar la propuesta que Elliott desestimó por considerarla impracticable. Establecería que los tenedores de los bonos de los canjes de 2005 y 2010 cedieran algunos de sus pagos de interés a los holdouts. A cambio, éstos retirarían sus demandas judiciales contra Argentina.
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