Por: Carlos Burgueño - La estrategia del Gobierno de ganar tiempo y extender al m

áximo la definición del juicio contra los fondos buitre en Estados Unidos parece darle resultado al Gobierno. La Corte Suprema de Justicia de ese país aceptó ayer escuchar a las partes para luego emitir un fallo sobre si considerará o no el tratamiento del caso; e impuso la fecha del 21 de abril para la audiencia pública entre las partes. Ese día los abogados que representan a la Argentina podrán plantear la posición del país ante el caso de fondo del "juicio del siglo", según la definición del Financial Times. La Corte se tomará luego al menos dos meses para resolver si el conflicto tiene la importancia necesaria para entrar en el muy limitado listado de casos que el máximo tribunal de EE.UU. trata por ejercicio judicial. La audiencia está vinculada en realidad a una presentación del fondo buitre Elliot de Paul Singer sobre el pedido para poder embargar fondos de la Argentina depositados en bancos radicados en los Estados Unidos y en la sucursal del Banco Nación en Nueva York. Sin embargo, desde la propia Corte Suprema se les envió a los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGSH) la aclaración de que en las exposiciones orales se les permitirá exponer sobre el caso de fondo y explayarse sobre la posición del país ante el reclamo de Elliot, Olifant, Blue Angel y otros 20 fondos buitre y holdouts. Fuentes de la Corte le habrían deslizado además al estudio que ésta puede ser la última oportunidad para que el país exponga sus argumentaciones, antes de la decisión final del tribunal de tomar o rechazar el caso.

Dentro de la Unidad de Renegociación de la Deuda que maneja el exministro de Economía Hernán Lorenzino, y que está coordinando la posición de la Argentina ante la Corte norteamericana se considera que esta audiencia, junto con la presentación del próximo lunes 17 de febrero, serán las dos últimas oportunidades de convencer al tribunal sobre la necesidad de que tome el caso para su análisis y emita un fallo. Si esto no ocurriese, igualmente el hecho de la existencia de la audiencia del 21 de abril le otorgará tiempo precioso al Gobierno para que al menos hasta junio pueda encararse una eventual y seria negociación con, al menos, algunos fondos buitre. Para esa altura, además, según el cronograma del Ministerio de Economía de Axel Kicillof, las conversaciones entre el país y el Club de París y Repsol estarían ya cerradas o a punto de definirse a favor.

Desde CGSH se aseguraba ayer que la audiencia del 21 fue posible por el cambio de estrategia para enfrentar a la Corte Suprema, bajo la contratación de Paul Clement, exprocurador general de Estados Unidos hasta 2005, nombrado por George Bush. En consecuencia, del Partido Republicano, pero conocedor de varios de los jueces del máximo tribunal, que además tiene mayoría de magistrados provenientes de esa procedencia, fruto de los nombramientos que sobreviven de Bush padre e hijo. Clement, contratado en octubre del año pasado, comenzó a estudiar el caso desde noviembre, y se puso en contacto con dos de los jueces de la Corte, John Roberts y Samuel Alito. Con ambos, de procedencia republicana, trabajó directamente en sus días de procurador. La estrategia de Clement es ahora plantear ante la Corte las consecuencias sobre todo el sistema financiero de sostener los fallos de primera instancia del juez Thomas Griesa y de segunda instancia a favor de los fondos buitre, donde se obliga a la Argentina a pagar al contado los u$s 1.330 millones de dólares que le reclaman Elliot y el resto. El republicano intentará además que Roberts y Alito escuchen al ahora procurador de EE.UU., su sucesor nombrado por el presidente Barack Obama, Donald Verrilli, que ya presentó un escrito ante la Corte apoyando la posición en contra de los fondos buitre y pidiendo que el máximo tribunal trate el caso. Saben la Argentina, CGSH y Clement que es muy difícil que la Corte dé marcha atrás con fallos terminales y unánimes, especialmente el de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Sin embargo, la idea ahora es ganar tiempo y que las definiciones se extiendan lo máximo posible más allá de junio.

Mientras tanto, se aceleraría la estrategia paralela, también difícil. La negociación entre privados para pagarles indirectamente a los fondos buitre litigantes con dineros públicos, pero a través de terceros. La idea es recurrir a los dos fondos buitre amigos en todo este proceso: el Gramercy y el Fintech. Éstos, especialmente el primero, le ofrecerían a Paul Singer comprarle su deuda en default al contado y a un precio razonable, con dineros que aportarían los propios bonistas que accedieron al canje. Sería una repetición del acuerdo que Gramercy cerró con Hernán Lorenzino también en octubre de 2013 por los juicios que el ex fondo buitre les había comprado a varias empresas norteamericanas que habían vencido a la Argentina en el tribunal del Banco Mundial CIADI. Por ahora, para Singer, la propuesta argentina es "bizarra". En realidad, el dueño del fondo Elliot espera que la Corte defina el caso a su favor, para recién comenzar en ese momento de fortaleza máxima la negociación final con el país.