Es decir que mientras el recorte de subsidios ataca las causas de la inflación, el nuevo IPC –junto con el acercamiento al FMI y el saldo de la cuenta con el Club de París– hacen foco en las consecuencias, en definitiva, en la falta de dólares de la economía generada a partir del cepo cambiario. Es a partir del nuevo índice que será posible determinar qué grado de complejidad trae la cuestión inflacionaria, pero también será una llave para llegar a los mercados financieros internacionales.

Comparto con muchos colegas que puestos a elegir, siempre es preferible un Estados sin deuda o con bajo nivel de endeudamiento. Pero la alternativa actual para financiar los gastos crecientes de la Casa Rosada a esa cruzada es el aumento de impuestos o más emisión si no se quiere recortar las erogaciones públicas. El dato es que durante el último año, la recaudación aumentó al 26% anual, y el gasto público lo hizo al 33%. A la vez, en los últimos siete años, los precios en Argentina han subido 330% mientras que en el mismo período la cantidad física de dinero (base monetaria) creció un 365%. Una gran parte de todo este dinero se aplicó a financiar el gasto público del Gobierno.

Lo que es claro es que hasta que se definan las próximas paritarias, la estrategia oficial se apoya en fraccionar el traslado a precios de la devaluación y aplicar multas, aunque sin evitar un mayor enfriamiento del consumo y la actividad económica. Después podría ser el tiempo del ajuste en los subsidios.

Siempre a puertas cerradas, probablemente haya hoy en el gobierno nacional una menor cantidad de funcionarios dispuestos a discutir si la emisión monetaria es o no inflacionaria. En la traducción, si emitir dinero para financiar el déficit (comercial y fiscal) implica el aumento generalizado de los precios de la economía. La clave es ésta: cualquier expansión en la cantidad de dinero por encima de la que demanda el mercado (nosotros) es netamente inflacionaria y es responsabilidad del Banco Central determinar qué cantidad de billetes se imprimen.

Hay infinidad de ejemplos en el mundo. Pero desde mediados de los años 70, hasta los inicios de la convertibilidad, la inflación anual promedio de nuestro país arroja un insólito 400%. Cualquiera que tenga un poco de memoria juraría que no quiere volver a un escenario con tanta inflación, pero también con tanto gasto sin control.

Finalmente, y aunque la oposición política no lo reconozca, si hay algo que es seguro es que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas que buscan borrar lo que se hizo en materia financiera en los últimos dos años. En aquél entonces el Palacio de Hacienda optó por ponerle restricciones a todo aquél que buscara dólares, una medida que si bien frenó la fuga de capitales, también secó al Gobierno de dólares porque se frenó el ingreso de los mismos.

El hombre más enigmático del Gobierno por estas horas es el banquero central Juan Carlos Fábrega. Junto con el jefe de Gabinete Capitanich y el ministro Kicillof, Fábrega le acercó a la presidenta Cristina Fernández una veintena de medidas para salir del agujero sin fin que es la falta de dólares y la maraña de restricciones que se crearon a su alrededor. Pero la jefa del Ejecutivo eligió sólo una: que los bancos deban desprenderse de una parte de sus activos nominados en dólares. Ello provocó la última semana una baja sensible del dólar oficial y del blue (a $ 7,79 y $ 11,70, respectivamente) pero se trata en definitiva de mecanismos de corto alcance. El Garante, como le dicen en la City a Juan Carlos Fábrega, el titular del BCRA, encontró en una norma suspendida en 2005 del ábrete-sésamo para ganar algunas semanas de tiempo. Como se dijo, el efecto inmediato de esta acción dio buen resultado: en los próximos días, los bancos le venderán al Central un total de u$s 3.000 millones según los analistas de la consultora Economía y Regiones. A ello habrá que sumarle los u$s 2.000 millones que se comprometieron a vender las empresas agroexportadoras. Esos u$s 5.000 millones constituyen un puente hasta que comiencen a llegar los dólares de la cosecha, allá por principios de abril. Aquí también existe una duda que horada los despachos y las mesas de dinero: ¿podrá el Gobierno sostener los $ 8 por dólar o cederá al pulso inflacionario y la demanda de los exportadores que con seguridad le requerirán un tipo de cambio más alto? Una mirada superficial sobre los pronósticos del grueso de los economistas arrojan pronósticos que van de los $ 9,30 a los $ 10,40 como valor final para el dólar en 2014. La duda es si el BCRA hará microdevaluaciones, o volverá a confiar su estrategia en el sorpresivo ajuste del dólar.

Volviendo al señor enigma, Fábrega es hoy todo un interrogante para los principales banqueros: le dio impulso a la tasa de devaluación para evitar un creciente atraso cambiario que boicoteaba a numerosas economías regionales; luego, adoptó una estrategia de flotación del tipo de cambio, un acto de sensatez cambiaria en un contexto que ya no soportaba ‘anclar‘ el valor del dólar para que no se movieran los precios (se movían lo mismo por la emisión). Por otro lado, sumó su voto para abrir, al menos un poco, el cepo al ahorro en dólares, una modalidad de la AFIP poco transparente con una ecuación menos transparente aún. Por último, sacó su carta más fuerte y decidió pulsearle al problema de la emisión con una fuerte contracción monetaria, subiendo las tasas de interés que pagan los bonos del BCRA en 10 puntos porcentuales y que no sólo generó un retiro masivo de pesos, sino también un enfriamiento del consumo con crédito bancario.