Por: Carlos Burgueño - La Argentina alert

ó ayer a la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el peligro de caer en un nuevo default estimado en unos u$s 24.000 millones, si el máximo tribunal decide sostener los fallos negativos para el país de primera y segunda instancia en la causa contra los fondos buitre. Así consta en el escrito que ayer presentó el Gobierno de Cristina de Kirchner, a través de una apelación redactada en conjunto por los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGSH), Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi (quienes hasta ahora comandaban la estrategia argentina en los tribunales norteamericanos); y el nuevo letrado contratado por el país, el exprocurador de los EE.UU. Paul Clement. Como principal novedad del escrito, que consta de 264 páginas (hasta ahora el país optaba por presentaciones más escuetas); la Argentina le reclama a la Corte que revise los dos fallos negativos de primera y segunda instancia ante el peligro de "un nuevo default por u$s 24.000 millones". Menciona que de quedar firmes los fallos de Thomas Griesa de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de segunda, los bonistas que ingresaron a los dos primeros canjes de deuda podrían reclamar por las quitas aplicadas y llevar al país a una nueva situación de impago. El escrito habla entonces de la imposibilidad de hacer frente a ese reclamo tanto por la cantidad de reservas como por los efectos económicos y sociales que tendría sobre los "ciudadanos del país".

Mientras tanto, el Gobierno de Cristina de Kirchner continúa con su estrategia paralela para intentar elaborar una oferta a los holdouts que litigan en los tribunales norteamericanos. Ayer, oficialmente, quedó descartada la propuesta del exfondo buitre Gramercy, que tenía al Deutsche Bank como agente financiero, y se comenzará a trabajar en otra oferta. La nueva idea, aún en estudio, tiene como referente al abogado argentino Eugenio Bruno (del estudio Garrido) y tendría como uno de los bancos asesores al suizo UBS. La decisión final será tomada en pocos días por el ministro de Economía Axel Kicillof, que desde esta semana maneja personalmente la causa contra los fondos buitre y la oferta que se le realizará a los bonistas aún en default, junto con el secretario de Finanzas Pablo López.

La nueva propuesta que explora el tándem Kicillof- López (en colaboración con la embajadora en los EE.UU. Cecilia Nahón), es la alternativa presentada en conjunto por el estudio de abogados local y la entidad suiza, por la cual se reestructuraría el total de deuda en default (unos u$s 9.000 millones; de los cuales u$s 5.000 estarían en manos de fondos buitre), a través de un canje por nuevos bonos con vencimientos de largo plazo (más de 10 años), una quita (con porcentaje a negociar) y la posibilidad de acceder a u$s 1.000 millones mínimos para reforzar las reservas del Banco Central. La operatoria que ofrece el UBS además sería gratis para el Gobierno, ya que las comisiones recaerían sobre los nuevos tomadores de la deuda. Hay que recordar que la propuesta de Gramercy tampoco había caído bien en el fondo buitre Elliot de Paul Singer, que había calificado de "bizarra" la idea. Ahora espera un fallo favorable de la Corte para volver a negociar con la Argentina.

En la presentación del Gobierno ante la Corte de EE.UU. ayer, se menciona además que los dos fallos anteriores "violan la soberanía de la República Argentina al intentar coaccionarla a pagar a los demandantes con reservas que gozan de inmunidad soberana" y que "debido a que no existe un régimen de quiebras para Estados soberanos, la Argentina siguió la práctica internacional y reestructuró exitosamente casi un 93% de su deuda, cumpliendo desde entonces con pagos a tenedores de bonos".

Además, el Gobierno sostuvo que "la Argentina nunca ha repudiado su deuda y se ha comprometido a tratar a todos los bonistas de manera equitativa, incluidos los litigantes", al hacer referencia a los fondos especulativos que iniciaron la demanda contra el país. Advirtió en la presentación que "las consecuencias de este caso trascienden a la República Argentina" y sostuvo que si la Corte no revisa los fallos de tribunales inferiores "podrían tornar virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberana".

Sostuvo el país que de mantenerse los fallos anteriores se "impedirían el adecuado funcionamiento de los mercados internacionales de capitales" y pondrían en riesgo el estatus de Nueva York como uno de los principales centros financieros globales". La apelación alerta que también se "afectarían negativamente las relaciones internacionales". "Estas decisiones amenazan en forma manifiesta el bienestar de la República Argentina y sus ciudadanos, así como el de innumerables tenedores de deuda argentina en cumplimiento", dijo la presentación.

"Así, se le ha solicitado a la Corte que reenvíe al más alto tribunal estadual de Nueva York la cuestión de la interpretación de la cláusula pari passu contenida en los bonos soberanos, y que revise y revierta la interpretación errónea de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (FSIA) adoptada por los tribunales inferiores", concluye la presentación. Ahora la Argentina tendrá una segunda, y posiblemente última oportunidad, de convencer a la Corte para que trate el caso. Será el 21 de abril próximo, cuando se concrete la audiencia para tratar un caso paralelo al de los holdouts; el reclamo del fondo buitre Elliot (el mismo que embargó la Fragata) para que la Corte le permita hacer lo mismo con cuentas argentinas en el Banco Nación de Wall Street.