2. ¿En qué etapa judicial se encuentra el caso?
El 7 de diciembre de 2011 el Juez Thomas Griesa falló a favor de los fondos NML Capital, Aurelius Capital y algunos actores individuales. Resolvió que la Argentina había violado la cláusula de pari passu y le ordenó pagar la parte que correspondía a los tenedores de bonos en default, al mismo tiempo, o anticipadamente, que pagara intereses de la deuda que emitió como parte de los canjes de 2005 y de 2010, extendiendo la orden a “todas las partes involucradas, directa o indirectamente, en el asesoramiento, preparación, procesamiento o facilitación de pagos” de los nuevos bonos. Argentina apeló esta decisión ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Sin embargo, este tribunal confirmó el 26 de octubre de 2012 las órdenes emitidas por el juez Griesa, por lo que declararó que la Argentina había violado la cláusula
pari passu.

La última etapa del litigio comenzó ayer. La Argentina presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos su apelación a la sentencia que la obliga a pagar a los holdouts u$s 1.300 millones antes de continuar con los pagos de la deuda regularizada. Los demandantes tienen luego 30 días para responder a este escrito, aunque pueden pedir a la Corte una extensión de un mes y presentar su postura a mediados de abril. A partir de allí, se plantean distintas variantes que desencadenarán en la resolución final del caso.

3. ¿Cuáles son los escenarios que se manejan de ahora en más?
La Corte Suprema podría rechazar la apelación argentina, aceptarla o pedir una opinión al Solicitor General. La estrategia del Gobierno es estirar los plazos procesales lo máximo posible y evitar una sentencia negativa este año. Resulta que a fines de 2014 vence la claúsula del acreedor más favorecido, que le impide a la Argentina ofrecer a los holdouts condiciones más favorables que los acreedores que aceptaron entrar en los canjes. Luego de esta fecha, la Argentina estaría menos limitada para negociar.

Si el máximo tribunal decide no tomar el caso - esta decisión podría conocerse antes de junio - quedaría firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones, lo que podría generar un default selectivo de ciertos bonos emitidos en los canjes 2005 y 2010. En cambio, si la Corte aceptara revisar la apelación argentina, según especialistas, podría emitir su resolución en algún momento del año que viene. La tercera alternativa, a la que aspira el gobierno argentino, es que la Corte pida la opinión al Solicitor General - una de las personas con más jerarquía en el sistema jurídico norteamericano, que se encarga de reunir los distintos ue puedan estar interesadas en el caso - para luego remitir su opinión a la Corte Suprema. Si esto sucediera, el proceso debería comenzar en abril y el Solicitor tardaría entre 3 y 6 meses en emitir su opinión - aunque su trabajo no tiene un límite de tiempo determinado - por lo que el caso podría extenderse hasta el próximo año.

4. ¿Hay otras alternativas a la vía judicial?
A fines del año pasado, el titular de Elliott Management, Paul Singer, uno de los más activos litigantes contra la Argentina en Nueva York, apeló a los medios internacionales para expresar su disposición a negociar con la Argentina. Desde entonces, emergieron diversas propuestas para acercar una solución a las partes. Los fondos Garmercy y Fintech, además del estudio Garrido hicieron públicas sus propuestas, pero no hay indicios de que Elliot acpete alguna de ellas, más bien pareciera que sólo quiere negociar un acuerdo directamente con el Gobierno argentino. La “solución Gramercy” se trataba de una propuesta privada que consistía en ceder parte de los flujos de los próximos pagos de los bonos y utilizar ese dinero para compensar el juicio por u$s 1.300 millones que reclama Singer. El estudio Garrido, por su parte, propone una reestructuración de la deuda en default con quita a través de un canje por nuevos bonos con vencimientos de largo plazo y con pago al final del vencimiento de los bonos, y la posibilidad de que luego del cierre del canje el gobierno argentino acceda a dinero fresco para inversiones en infraestructura y en energía.