El encargado de transmitir esta advertencia fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aunque luego en el Ministerio de Economía afirmaron desconocer cualquier iniciativa en este sentido.

"Nosotros estamos trabajando también en la revisión de toda la estructura de carácter legislativo, por una razón muy sencilla, porque observamos el ejercicio de posición dominante de algunos sectores", advirtió Capitanich en su habitual contacto matutino con los periodistas. Después de considerar que "existe una regulación laxa por parte del Estado desde el punto de vista del proceso de formación de precios", afirmó que el Gobierno está "trabajando" en esta materia.

Lo que no dijo el funcionario es que desde 1999 existe una ley de defensa de la competencia que le permitiría al Gobierno actuar de manera implacable sobre situaciones de "monopolio u oligopolio" como las que denunció ayer. Sin embargo, especialistas del tema explicaron a LA NACION que la norma casi no se aplica y recordaron que el Gobierno ni siquiera conformó el tribunal de defensa de la competencia previsto en esta ley, por lo que se sigue manejando con los criterios de una ley previa, sancionada en 1980 durante la dictadura. Desde el Gobierno precisaron a LA NACION que, justamente, se trabaja "en una batería de medidas" que incluyen, entre otras cuestiones importantes, poner en funcionamiento este tribunal.

"El Gobierno en los últimos años disminuyó mucho el uso de esta herramienta legal y cada vez hay menos casos, pese a que podría haberla utilizado mucho más para hacer investigaciones de conducta anticompetitiva", dijo a LA NACION el especialista en defensa de la competencia de la Ucema Gabriel Coloma. El director de la Maestría en Evaluación de Proyectos de esa universidad -en la que se graduó, estudió y enseñó el vicepresidente Amado Boudou- dijo: "Desde el punto de vista económico, el hecho de que haya monopolios u oligopolios implica que haya precios más altos, pero no inflación".

Entre los dirigentes empresarios consultados por LA NACION, hubo consenso en relativizar tanto el contenido como la relevancia del comentario oficial. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, dijo: "La mejor manera de combatir la inflación es continuar con medidas para lograr el equilibrio de las cuentas públicas, controlar la emisión monetaria y seguir con otras que alienten la inversión y para eso hay que crear un clima favorable en ese sentido". De la Vega sentenció que "las aguas no las agitan los empresarios".

El diputado nacional y secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, dijo: "Los empresarios somos los mismos de 2003, cuando no había inflación y había tipo de cambio competitivo y altas reservas, así que no sirve buscar culpables".

Mendiguren agregó que "con estas medidas que anuncian hacen huir la inversión, porque tampoco dejan girar utilidades y escrachan a los empresarios". En forma anónima, otro empresario sostuvo: "Si revisan los costos, se darán cuenta de que no se puede aumentar mucho los precios porque cae la demanda"..