Bajo la bandera de la equidad y de la protección del bolsillo de los argentinos, Néstor Kirchner inauguró una política tarifaria de los servicios públicos que condujo a destinos completamente opuestos a los declarados. Más tarde, fue seguida al pie de la letra por la presidenta Cristina Kirchner. Y cuando ambos pretendieron desandar el camino, se encontraron con la férrea oposición de las asociaciones de consumidores.

Se sabe, las tarifas de luz y gas en la Argentina son completamente variables de una provincia a otra y, contra los manuales de la progresividad distributiva, los valores más bajos se concentran en algunas de las zonas más ricas del país.

La provincia de Buenos Aires y la Capital Federal son el mejor ejemplo de ello. El gas es más caro del otro lado de la General Paz. El motivo: Kirchner le otorgó, hace años, un pequeño aumento de tarifas a la concesionaria Gas Natural Ban (ahora Gas Natural Fenosa), pero mantuvo un congelamiento acérrimo para Metrogas, cuyo principal accionista, British Gas, no quería bajar su demanda ante el Ciadi. Ése fue el germen de una diferencia en las facturas que se mantiene hasta hoy.

El gas encierra un ejemplo peor. En términos comparativos, las garrafas cuestan más que el equivalente del producto que se distribuye por redes. Las primeras las consumen los sectores de menor poder adquisitivo, que viven en zonas donde el gas por redes aún no llegó.

En cuanto a la electricidad, un usuario de EPE -la empresa provincial de energía de Santa Fe- paga seis veces más por el servicio que un cliente de Edenor o de Edesur, mientras que un cliente de EPEC, la compañía provincial de energía de Córdoba, paga unas 5,5 veces más que un porteño, por ejemplo. Todos, sin embargo, reciben subsidios del Estado.

Fuera del país, las comparaciones son aún más desparejas. En República Dominicana, el mismo servicio cuesta hasta 16 veces más que en la zona metropolitana de Buenos Aires. En Brasil es 7 veces más caro; en Chile, 9 veces, y en Uruguay, 16 veces más caro.

La explicación es compleja, pero un esbozo se puede plantear en términos sencillos: mientras las eléctricas provinciales, que responden a las gobernaciones, acomodaron su tarifa de acuerdo con la inflación, Edenor y Edesur estuvieron bajo la égida del gobierno nacional, que casi no otorgó ajustes.

Y pese a que hubo ajustes en las tarifas del sector industrial, las fábricas también pagan mucho menos en el país que en la región por su servicio eléctrico. De acuerdo con números de 2013, procesados por la consultora Montamat & Asociados, un usuario de baja tensión en las concesiones de Edenor y de Edesur pagó 30,3 milésimos de dólar por kW, pero un competidor con idéntico consumo en Brasil desembolsó 130,3 milésimos de dólar, es decir, más de cuatro veces más.

Mientras el resto de las distribuidoras eléctricas del país responden a los entes reguladores provinciales, Edenor y Edesur quedaron en la órbita del Gobierno, si bien prestan servicio en territorios de Mauricio Macri y de Daniel Scioli.

Edelap, la empresa distribuidora de La Plata y alrededores, fue la única que escapó a ese corset.

En 2011, cuando estaba en discusión el traspaso del servicio de subterráneos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Cristina Kirchner le cedió la regulación de la distribuidora platense al gobierno de Daniel Scioli, en una estrategia que le permitió transferir menos subsidios. Sin embargo, continúa cobrando tarifas atrasadas por su servicio..