La Casa Rosada se comprometerá a emitir hasta US$ 1000 millones más si el precio de mercado de los títulos entregados cae de la cifra establecida originalmente, algo que ocurrirá casi con seguridad porque actualmente la deuda argentina se negocia con importantes descuentos.

Esa cláusula forma parte de las garantías extraordinarias que exigieron los españoles para sellar el trato, que hoy mismo someterá a votación el consejo de administración de la empresa y que, una vez formalizado, será anunciado en Buenos Aires por el Ministerio de Economía.

Repsol aspira a monetizar en el corto plazo los bonos para ingresar en sus arcas una cifra lo más cercana posible a los US$ 5000 millones que la Argentina reconoció como deuda por haberle expropiado el 51% de YPF. Ese es el monto que anotó la semana pasada en su balance 2013 (lo que implicó reconocer pérdidas, ya que el valor de libros se acercaba a los 7000 millones).

Según fuentes al tanto de las gestiones, el "valor real" se establecerá de acuerdo con la cotización media de los bonos argentinos en los tres meses previos a la firma definitiva del contrato. El monto mínimo efectivo que acepta cobrar Repsol es de US$ 4700 millones.

Cuando se estampe la firma se cerrará uno de los más graves conflictos comerciales que enfrentó el país en los últimos años; una crisis que llevó a un punto de máxima tensión la relación con España y que entorpeció la búsqueda de inversiones extranjeras para el megayacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

El contrato que negociaron en los últimos tres meses el gobierno argentino y la cúpula de la compañía describe un complejo tejido financiero, con bonos de distintas características. Una parte del pago se hará mediante ampliaciones de bonos en circulación (con vencimientos más cercanos) y otra (del orden de los 3000 millones) será una emisión nueva, nominada en dólares y con un rendimiento superior al 8,5% anual, según indicaron a LA NACION fuentes empresariales. En total serán US$ 5000 millones. Pero el Gobierno se comprometerá a otras emisiones por hasta un 20% más para compensar la depreciación que sufren los bonos soberanos argentinos. La deuda se considerará saldada sólo cuando el dinero entre en las arcas de la empresa (ya sea por la venta de los títulos o por su amortización).

Los títulos serían emitidos en su mayor parte bajo legislación argentina para evitar la posibilidad de un embargo, en momentos en que sigue pendiente la decisión de la justicia norteamericana en el litigio entre el país y los llamados fondos buitres por la deuda en default.

Como exigió la empresa, no habrá trabas para liquidar parcial o totalmente los bonos. Antonio Brufau, presidente de Repsol, adelantó a gente de su confianza que el plan es cerrar una operación con un banco para monetizar cuanto antes la indemnización.

El aumento del valor nominal y la remoción de trabas para negociar los bonos en el mercado fueron las claves para llegar al acuerdo. El gobierno argentino se volvió más permeable después de la gran devaluación de enero, cuando el mundo empezó a preguntarse si la economía argentina se encaminaba hacia otro desastre.

La Casa Rosada quiere mostrar el acuerdo con Repsol como una primera señal de normalización de sus relaciones económicas internacionales, mientras negocia la posibilidad de pagar la deuda en default con el Club de París, litiga en Estados Unidos contra los holdouts y toma medidas largamente reclamadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como blanquear el nivel de la inflación.

Brufau y el resto del directorio de la petrolera analizarán hoy el contrato surgido de las negociaciones. Si lo aprueba, como se descuenta en el mundillo financiero de España, convocará a una junta extraordinaria de accionistas para marzo. Mientras tanto, el Congreso argentino debería aprobar la deuda adicional.

Al final del camino Repsol dará por cerrados todos los juicios internacionales contra la Argentina, entre ellos aquel ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), donde pidió US$ 10.500 millones por sus acciones de YPF nacionalizadas..

Dos años de tensión en la relación bilateral