Por MARÍA ELENA CANDIA - El acuerdo que aprobó ayer Repsol con el gobierno argentino, el cual le pagará u$s 5.000 millones por la expropiación del 51% de su filial YPF, es percibido en Wall Street como una posición constructiva del Gobierno para con los inversores extranjeros y un impulso para el desarrollo del sector energético local. Sin embargo, los analistas consultados advierten que éste es uno de los varios pasos necesarios que deberá recorrer el país para acceder al mercado de capitales y atraer mayores inversiones.
Para Diego Ferro, socio de Greylock Capital Management, el Gobierno está tomando los pasos correctos, pero el tema principal sigue siendo arreglar la deuda en default. “Este acuerdo es irrelevante si no resuelven con Elliott y el Club de París”, explicó Ferro.
“Sin duda, es bueno haber resuelto este problema. Sin embargo, creemos que se necesitan otras medidas positivas con el fin de animar a los inversores, dados los grandes desequilibrios de la economía y el enfoque político muy heterodoxo”, explicó Alberto Ramos, director de Goldman Sachs para América Latina, para quien es necesario que el Gobierno logre controlar el déficit presupuestario y la emisión monetaria asociada a ella, además de subir las tasas de interés a un terreno positivo. “Sólo esto puede contribuir a desinflar la economía y aliviar la presión sobre el tipo de cambio, además de las reservas”, agregó Ramos.
Siobhan Morden, director de Jefferies para América Latina, presentó un análisis similar. Destaca el acuerdo, aunque advierte que para atraer inversiones es necesario proporcionar la confianza de un marco económico estable. “Argentina todavía tiene que priorizar una inflación baja necesaria para estabilizar el tipo cambio y reducir los desequilibrios macroeconómicos”, apuntó Morden.
Daniel Chodos, director de Credit Suisse para América Latina, explicó que si bien el acuerdo abre la puerta a futuras inversiones en YPF, no es necesariamente positivo para el mercado de bonos. “La posible emisión de deuda no es buena para el mercado porque significa más oferta de activos, lo que agregaría presión a su precio, de no ser que Repsol se quede con los bonos”, destacó Chodos, quien además adivirtió acerca de la presión que implicará el acuerdo sobre el stock de la deuda pública, que implicará un aumento de u$s 6.000 millones.
A su vez, el economista no recomienda incrementar la posición en Argentina porque hay varios riesgos que puedan llevar a un mejor nivel de precios en los bonos. Por un lado, estima que las reservas pueden seguir cayendo hacia fines del tercer trimestre, cuando la liquidación de divisas por la cosecha disminuya. Por otro lado, el juicio con los holdouts si bien es un factor de riesgo para los bonos legislación extranjera, seguramente afectará los precios de los bonos locales generando mayor presión de venta en toda la curva soberana.
De acuerdo a Sebastián Vargas, analista de Barclays para la región, los potenciales litigios con Repsol sin duda eran un palo en la rueda para el desarrollo del sector energético, por lo que el acuerdo es muy positivo y significa que el Gobierno adoptó una posición constructiva para con los inversores.
Sin embargo, el especialista cuestiona la potencial oferta de los bonos por Repsol en el mercado: “Buena parte de los activos no tienen liquidez para ser vendidos masivamente y creemos que los incentivos no están en venderlos de manera que sea contraproducente para la posición de Repsol. Una excesiva liquidez tampoco es preferible”, agregó Vargas.