Por Francisco Olivera - Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), aprovechó ayer una sorpresiva convocatoria del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para plantearle una preocupación que viene ganando las conversaciones entre los hombres de negocios: los escraches de militantes del kirchnerismo a las compañías, embestidas que consideran parte de una atmósfera adversa a las inversiones y a la iniciativa privada, dijeron varias fuentes empresarias a LA NACION.

Méndez se había enterado la noche anterior del interés de Capitanich por verlo. En realidad, el encuentro en la Casa Rosada estaba agendado sólo con Daniel Funes de Rioja, líder de la cámara alimenticia Copal, pero el jefe de Gabinete extendió la invitación al empresario del plástico para incluir temas más abarcadores, como la inversión, los precios y las paritarias.

La UIA tiene varios reclamos acumulados que, si no los termina ahogando la prudencia fabril, prevé transmitirle a la presidenta Cristina Kirchner en una audiencia que acaban de pedir. Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, ya le confirmó a Méndez que ésta aceptaba la reunión, todavía sin fecha.

Con Capitanich todo es bastante más sencillo. Por lo pronto, es difícil que, al salir de ver al chaqueño, cualquier interlocutor no sienta que se le ha dado la razón. Es lo que volvió a pasar ayer. No obstante, voceros de la jefatura de Gabinete negaron que se hubiera tocado este tema y dijeron que las declaraciones públicas de Méndez "iban en otro sentido"

Méndez incluyó los escraches dentro de un espectro de inquietudes empresariales sobre el trato que sienten que se les está dando desde el kirchnerismo, algunas de las cuales fueron expuestas ayer, en la reunión de junta de la entidad. Entre ellas, el proyecto de ley del diputado Héctor Recalde, que habilita al Gobierno a declarar "de utilidad pública y sujetos a expropiación" todo tipo de bienes.

Son perturbaciones que tocan a todos los empresarios. Los supermercados, por ejemplo, evaluaban ayer pedir una reunión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para analizar el tema. "Por un lado, hay cadenas que sufrieron más de 70 piquetes y, por otro, nos piden que los acompañemos en los acuerdos de precios. Así no se puede seguir", se quejó un ejecutivo supermercadista.

"Hay un artículo del proyecto de Recalde que es una vergüenza", agregaron por la noche en la UIA. Es el 26°, que dice: "Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población y sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación".

El texto faculta al Gobierno a avanzar sobre el activo sin demasiados reparos jurídicos. "El Poder Ejecutivo determinará en cada caso concreto los bienes que serán expropiados mediante resolución fundada en la que se justificará su necesidad en la plaza o la carencia de oferta pública. La autoridad de aplicación podrá tomar posesión de los bienes calificados y determinados por el Poder Ejecutivo, sin más formalidad que consignar judicialmente el precio de costo más una indemnización que no podrá exceder de un diez por ciento (10%) y hasta el precio máximo fijado si lo hubiere. Los fondos que estos procedimientos demandaren se tomarán de Rentas Generales", dice.

Méndez cree que semejante proyecto conspira -palabra de moda en estas lides- contra el clima de negocios justo cuando se necesitan inversiones. Y que estos inconvenientes se suman a otros tal vez más difíciles de resolver, como la elevada tasa de interés que pagan las pequeñas y medianas empresas.

El empresario llevó al encuentro un informe de la UIA que intenta refutar que el sector fabril sea, como acusan desde sectores de la militancia, un club de "formadores de precios". Méndez y Funes de Rioja consignaron además otro temor que ayer volvió a surgir en la junta: las próximas paritarias. Los testimonios de esa reunión permitían anoche vislumbrar reclamos salariales de hasta 50%. El mensaje de los directivos fue entonces que, en un año laboral que imaginan muy complicado, ellos estaban dispuestos a "mantener el empleo".