También advirtió sobre el avance del consumo de paco (pastas base) entre los sectores más humildes.

En su informe anual sobre “Lavado de dinero y delitos financieros”, el Departamento de Estado, señala que en la Argentina “la mayoría de las operaciones de lavado se hacen a través de transacciones en centros offshore”, o paraísos fiscales. Y advierte que “el extendido uso de efectivo facilita que sea vulnerable al lavado de dinero”.

El reporte destaca que “las restricciones del Gobierno al acceso a la moneda extranjera creó un mercado paralelo”. Señala que “los argentinos tienen miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal, en destinos offshore o en el país, muchos legítimamente ganados, pero no declarados”. La estimación de la economía informal varía del 25 al 40%, dice el informe. “La vulnerabilidad general en el sistema expone a Argentina al riesgo del financiamiento al terrorismo”, alerta.

El informe “no es muy distinto a la posición de EE.UU. en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), donde Argentina es monitoreada bien de cerca y es un país borderline , al borde de que se lo coloque en la lista gris”, dijo a Clarín Diego Gorgal, especialista en Seguridad, desde la Universidad de Georgetown. “Hay solo tres condenas por lavado de dinero vinculadas al narcotráfico en Argentina en la última década. Nada”.

El Departamento de Estado también difundió su reporte sobre drogas. En el capítulo argentino, advierte que el consumo y la producción de cocaína son problemas que crecen y alerta que el consumo de paco es un drama que se expande en los sectores más humildes.

El informe apunta que el ministerio de Seguridad ha reanudado la cooperación con EE.UU.

para el combate de las drogas, suspendida en 2011 y ahora se comparte información, entrenamientos y seminarios. Pero “Estados Unidos no ha recibido autorización para cooperar con las fuerzas de seguridad provinciales”, destaca, a diferencia de lo que señaló la embajada de EE.UU. en la Argentina, que dijo al diario La Nación que gobernadores habían viajado a Washington para pedir colaboración sobre el tema.

Juan Felix Marteau, director del programa “Prevención global de lavado de activos y financiación del terrorismo” de la UBA, señaló a Clarín: “Hay una preocupación de los gobernadores de desarrollar una política activa. En ese escenario sería muy positivo reanudar la cooperación con la DEA”.