Así lo indicaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales, que indicaron que la semana próxima habrá reuniones con los empresarios del sector tanto en la Jefatura de Gabinete como en el Ministerio de Economía para analizar ambas cuestiones. Con cierto pesar, las fuentes indicaron que, pese a que uno de los efectos iniciales buscados era penalizar la venta exclusivamente de los autos más caros a través de este tributo, el objetivo no se consiguió.

"La recaudación es casi nula", indicó una fuente, mientras trabajaba con su equipo en la posibilidad de que el entuerto de este impuesto votado por el Congreso se corrija por la vía de una resolución administrativa. Sería un ejemplo casi insólito de una norma que desdice o contradice el espíritu de una ley enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

El primero en dar una pista en este sentido fue el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien anteayer, al anunciar la recaudación de febrero, explicó que estaba estudiando el impacto del aumento de la alícuota sobre el nivel de ingresos tributarios. En la AFIP le bajaron ayer el tenor, al aclarar que "la AFIP no crea ni cambia impuestos", para no romper la frágil tregua que existe con el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Si llega la orden política, la posibilidad más concreta de corregir este problema para la AFIP llegaría a través de aumentar la tasa de importación para los vehículos que llegan desde el exterior y no aplicar en los hechos la nueva alícuota para los que se producen en el país.

En la AFIP, de todos modos, no quieren dar el primer paso de corrección, del mismo modo en que siempre dieron a entender que ésta era una idea del Ministerio de Industria, que conduce Débora Giorgi, y que no iba a tener un resultado demasiado feliz en la recaudación.

Mientras tanto, el equipo de Giorgi trabaja en dos posibilidades: un cambio en el piso sobre el que se cobra el impuesto o una modificación en la forma de cálculo de la alícuota, de modo que resulten exentos los vehículos medios de la cadena. "Se está trabajando sobre la cadena de embarcaciones, motos y vehículos livianos", indicó en este sentido otra fuente oficial.

En cambio, desde el Palacio de Hacienda la versión de cambios fue más light: "Se les ofreció a las automotrices la apertura de nuevos mercados, pero no un cambio en el impuesto; como mucho, pueden revisarse los montos para aquellos que se producen acá", terminó concediendo la fuente.

De inmediato llegó una reprimenda para las empresas automotrices, a las que el Gobierno acusa de "haber subido los precios por la devaluación y no por el efecto del impuesto".

En este sentido, habrá una reunión la semana próxima en la Jefatura de Gabinete en la que funcionarios y empresarios analizarán la estructura de costos del sector y allí se colarán los reclamos cruzados. También se está preparando otra en el Palacio de Hacienda, posiblemente para la semana próxima, para debatir esta cuestión.

"Las empresas tienen que explicar por qué subieron tanto los precios al punto de dejar al mercado casi sin precios de referencia", se quejó la fuente oficial. En todo caso, parece ser que el Gobierno está viendo cómo da marcha atrás parcialmente sin pagar todo el costo de haber impulsado una medida que no sólo no tuvo ningún efecto positivo, sino que, además, puso a uno de los sectores más mimados por el "modelo" cerca del knock-out técnico. A diferencia de otras cuestiones en las que se admiten errores, pero no se toman decisiones para corregirlos, en este caso da la sensación de que se tratará de hacer una rápida modificación para no generar un problema mayor en un contexto sin crecimiento económico.