Por Adrián Ventura - La Corte le ordenó al Gobierno que publique toda la información relacionada con la asignación de planes sociales, sus beneficiarios y sus montos y le reclamó al Congreso nacional que dicte la demorada ley de acceso a la información pública, que el kirchnerismo siempre frenó.

El máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, dejó en claro que la información que reclamó el Cippec sobre los planes de seguridad alimentaria, familias y desarrollo local, entre otros programas, "no es del Estado, sino del pueblo" y aclaró que la negativa a brindar esa información "es ilegal y atenta contra los valores democráticos".

Pero la sentencia , por la amplitud de sus argumentos, no sólo servirá para transparentar la ayuda social, sino también el dudoso manejo de miles de millones de pesos que se gastan en subsidios y todo el manejo del presupuesto.

La causa había sido iniciada por el Cippec, que demandó al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner. El fallo obliga a transparentar cómo el Gobierno asigna el dinero público e, incluso, permitirá investigar eventuales casos de corrupción y detectar prácticas clientelares.

La sentencia se apoya en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue firmada por Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. En cambio, Raúl Zaffaroni, el juez más cercano al Gobierno, prefirió abstenerse de firmar.

El Cippec, para reclamar que le entregaran la información vinculada con la distribución de los planes sociales entre 2006 y 2007, había invocado el decreto 1172/03, dictado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Pero el fallo, que obliga al Gobierno a "someterse al principio de máxima transparencia", tiene fundamentos más amplios que deberían conducir a difundir la información requerida por los ciudadanos.

No es la primera vez que la Corte avanza con esta línea. Lo hizo el año pasado en el caso ADC-PAMI, Pero en este caso lo hace con un fallo muy minucioso, que podría tener fuertes derivaciones políticas y judiciales:

• "Cualquier ciudadano tiene derecho a buscar y recibir información que está en poder de órganos públicos." Eso es "un derecho fundamental de toda persona", según surge de la Convención Americana de Derechos Humanos y de lo afirmado por la Corte Interamericana, en el caso Claude Reyes de 2007, y por la Comisión Interamericana.
• "El acceso a la información no debe ser una gracia o un favor del gobierno", aclara el voto redactado por Lorenzetti y Maqueda.
• La Corte asegura que los datos de los planes sociales constituyen información de carácter público. que no pertenece al Estado, sino que es del pueblo argentino, y, en consecuencia, "la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar su pedido".

El Ministerio de Desarrollo Social se había negado a dar los nombres de las ONG y de las personas que reciben planes sociales porque "se pone en riesgo a personas que están en situación de vulnerabilidad social". La Corte entendió que esa respuesta es "incoherente" y "desconoce la obligación de los Estados de aumentar la transparencia en el manejo de los fondos públicos".

El Gobierno sólo puede negarse a dar información que es sensible, como raza o religión, pero no puede incurrir en un "paternalismo" para evitar que se controle cómo se distribuyen los subsidios".

La Corte también puntualizó que la ley de convertibilidad fiscal, de 1999, estableció la obligación del Gobierno de publicar cómo ejecuta el presupuesto y realiza los gastos. Insistió en la "imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que regule esta trascendente materia" -se refiere al acceso a la información pública-, "por lo cual resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo este derecho".

Y, con contundencia, agregó: "Ese reclamo de contar con una ley de acceso a la información constituye un verdadero reclamo social en nuestro país, que también ha sido marcado insistentemente por la comunidad internacional".

Un fallo contundente

Denuncia

El Cippec demandó al Ministerio de Desarrollo Social por negarse a informar sobre planes sociales

Transparencia

La Corte sostuvo que los datos de los planes sociales no pertenecen al Estado, sino al pueblo argentino

Tarea pendiente

Encomendó al Congreso la inmediata sanción de la ley de acceso a la información pública.