Por Martín Kanenguiser - El anuncio de ayer sobre recorte de subsidios en gas y agua tendrá un efecto mínimo sobre el déficit energético del país y no generará ahorro fiscal, según un informe privado, pero sí impactará negativamente sobre el consumo privado.

El estudio del economista Diego Petrecolla, presidente de la consultora GPR Economía, indica que, con las nuevas medidas, el rojo energético llegaría a US$ 6100 millones, frente a US$ 6700 millones del año pasado, con una reducción cercana al 0,5% del PBI respecto del 5% registrado en 2013. Si bien en estas páginas se justifica la necesidad del gradualismo en la aplicación de la suba de tarifas y del retiro de los subsidios, este informe detalla la verdadera magnitud del ajuste.

Petrecolla dijo a LA NACION que "el Gobierno seguirá aumentando las tarifas en etapas y tratará de reducir los subsidios a aquellos que mayores ingresos tienen, pero eso es bastante más difícil de implementar de lo que se cree" en los hechos.

Esta estrategia de recorte gradual "no contribuirá a reducir los subsidios en la magnitud que se necesita". Los subsidios alcanzaron 24.000 millones de dólares (5,3% del PBI) en 2013, de los cuales 17.000 millones corresponden al sector energético. Del total de subsidios asignados por el Estado, cerca de 80% correspondieron al sector energético.

Cammesa se llevó el 43% del total de los subsidios corrientes; el 38%, Enarsa; el 11%, los productores de crudo, y el 8%, para el resto del sector. De los subsidios totales, los de energía equivalieron al 3,6% del PBI (frente al 1,6% del transporte), con el mayor porcentaje correspondiente a Cammesa (con el 1,34%) y Enarsa (con el 1,24 por ciento del PBI).

La balanza energética, que había alcanzado su pico superavitario en 2006, entró en terreno negativo a principios de 2011, antes de que se adoptara el cepo cambiario.

Petrecolla aclaró que, si no se hubieran tocado los subsidios, a fin de año, la cuenta negativa habría sido de US$ 7000 millones, mientras que ahora, con este retiro parcial, llegaría a US$ 6100 millones.

"Con la hipótesis de elasticidad considerada, la reducción de los subsidios sería del orden de los US$ 570 millones anuales por reducción de importaciones de gas al precio marginal, que es el de GNL", se precisó en el informe de Petrecolla.

LA NACION le preguntó al economista si podía llegar a ocurrir algo que pasó en el sector del transporte, donde aumentó la tarifa, pero igualmente aumentan los subsidios. "No puede ocurrir esto, salvo que la demanda crezca por una suba en el PBI, lo que difícilmente sucederá. Las subas en la tarifas tendrán como consecuencia alguna reducción en el consumo y una caída en los subsidios", contestó.

¿Cómo se puede desarrollar un plan para proteger en forma efectiva a la población de bajos ingresos de una suba fuerte en las tarifas residenciales?, se le insistió. Según Petrecolla, "hay que implementar un sistema de tarifa social para que los subsidios lleguen sólo a los pobres y un programa de uso racional de la energía para ahorrar energía".

El economista dice no prever un ahorro fiscal significativo. "No, para nada; una parte del ahorro irá a los transportistas y distribuidoras, que no van a ganar más, sino que perderán menos. Y el resto, si sobrara, iría a la Asignación Universal por Hijo", afirmó.

Petrecolla concluyó que una revisión tarifaria en transporte y distribución tendría menor efecto sobre la tarifa final que la eliminación de los subsidios mayoristas. En este caso, los subsidios podrían pasar del 5,3 al 2,8% del PBI, mientras que el aumento de tarifas en ambos sectores implicaría una caída del déficit energético del 45 por ciento.

Habrá que ver cómo y cuándo el Gobierno agrega el capítulo de la electricidad a este ajuste en etapas..