El acuerdo entre el Gobierno y Repsol para pagar la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera española en YPF encontró en los gobernadores de las provincias con hidrocarburos el primer escollo. El problema es de plata: mientras la presidenta Cristina Kirchner quiere que las provincias socias de la compañía estatizada le paguen a Repsol de manera proporcional a su participación, los jefes políticos provinciales se niegan a hacerlo por falta de recursos.

Entre febrero y marzo, la Argentina y Repsol acordaron el pago de US$ 5000 millones en bonos para resarcir a la empresa ibérica por la expropiación. El convenio, que tiene que ser aprobado por el Congreso, ya consiguió el visto bueno del Senado y se tratará este mes en Diputados.

Aunque con matices, la mayoría de las voces se mostraron a favor del convenio, tanto desde el oficialismo como desde una porción de la oposición. Pero a la hora de definir quién pone el dinero surgieron los problemas.

Según estableció la ley de estatización de YPF, el Estado nacional se quedará con el 51% del 51% expropiado. El restante 49% quedará en manos de las provincias. Desde ese momento, las provincias tienen representación en el directorio de la empresa según ese criterio.

De acuerdo con esos números, las gobernaciones deberían enfrentar pagos por aproximadamente 2450 millones de dólares.

La historia de desencuentros comenzó con una frase del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, en su defensa del acuerdo en el Senado. "Es la primera vez que estamos ante la posibilidad de tener un precio cierto de esas participaciones. Es decir, la Nación no les va a poder reclamar a las provincias más que el porcentaje de los 5000 que está pagando por la empresa", explicó, y encendió la alarma entre los gobernadores.

Uno de los que más fuerte alzaron la voz es Martín Buzzi , gobernador de Chubut, titular de la Ofephi (la organización que reúne a los estados productores de hidrocarburos) y uno de los principales puntales en su avanzada contra Repsol, hace dos años. Sostuvo que "cualquier pago (a Repsol) tiene que salir no de las cuentas de los estados provinciales; tenemos que poner toda la inversión, como estamos haciendo, en viviendas, urbanizaciones, servicios para la familia, pero no para andar pagando expropiaciones de esta naturaleza".

En la misma línea se manifestaron otros jefes provinciales alineados con el Gobierno. Es el caso de Francisco "Paco" Pérez, de Mendoza, y del neuquino Jorge Sapag, cuya provincia tiene la mayor parte de los recursos de la propia YPF.

Decisión ajena

Casi todos los gobernadores están inmersos en la misma realidad: por un lado, tienen una situación fiscal estrecha que les impide actuar como inversores petroleros. Pero al mismo tiempo tienen una injerencia menor sobre el funcionamiento cotidiano de YPF y recuerdan que ellos no decidieron la estatización, sino que fue el gobierno nacional.

Guillermo Pereyra, número dos de la CGT que conduce Hugo Moyano, titular del gremio petrolero de Neuquén, La Pampa y Río Negro y titular de la Comisión de Energía del Senado, sostuvo días atrás que Neuquén no pagaría en efectivo. Sin embargo, abrió la puerta a otras alternativas. Entre ellas, que las provincias destinen las utilidades que arroje la propia YPF para hacer frente a esos compromisos.

Es un modelo similar al que utilizó la familia Eskenazi, con el aval de los Kirchner, para pagar su ingreso en la compañía en la etapa previa a la estatización.

En los próximos días equipos técnicos de la Nación y de las provincias continuarán analizando el tema. Sin embargo, es difícil anticipar, según las partes, si llegarán a un acuerdo antes de que la Cámara baja le dé el visto final al convenio..