Una es la caída sensible de ventas en los comercios. La otra, la creación del marco ideal para una nueva fiesta financiera a la que está tan cíclicamente acostumbrado el país.

Ayer, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, insospechada de opositora, difundió en su informe que en marzo las ventas cayeron 7,2% respecto al año anterior, agregando que “hay que remontarse a octubre de 2009 para encontrar una caída mayor”.

La CAME agrega que en el primer trimestre la caída fue de 5,8% con relación al primer trimestre de 2013.

Los datos son reveladores por tratarse de cantidades vendidas y no de pesos. Los sectores electrodomésticos (16,9% de caída), inmobiliaria (19,9%) y materiales de construcción y muebles para oficinas y hogares encabezaron la baja de las ventas de la totalidad de los 22 rubros de actividad que releva la entidad.

La caída de ventas del primer trimestre es el resultado esperado después de la devaluación de enero y la disparada de las tasas de interés impulsadas por el Gobierno, que agudizaron la pérdida del poder de compra del salario real desde noviembre para acá.

El Estudio Bein había calculado que entre noviembre y febrero el salario real había bajado 10,8% pero el resultado negativo se profundizó con el fin de marzo.

La misma consultora, en sus primeros cálculos, pronostica una caída de 14% en el salario real para los últimos cinco meses, validando un dato nuevo en materia sindical: lejos de evaluar que, como espera el Gobierno, la inflación decante en los próximos meses, los gremialistas quieren ahora apurar las negociaciones para que la suba de precios no les devore el poder de compra.

El Gobierno quiere que la mayoría de las convenciones colectivas cierren en 28/29% pagadero en dos partes, con 15% en abril y 13% en agosto o septiembre. En esa perspectiva, la carrera salarial, en términos reales, estará prácticamente perdida antes de comenzar.

Aunque pueda resultar remanido, el esquema de “precios nuevos”(aumentados por la devaluación y la inflación) y “salarios viejos” que aún no registran incrementos para este año, está golpeando muy duro al consumo.

Sólo basta prestar atención a un indicador clave del bolsillo de la clase media porteña: largas filas de taxis vacíos transitan por Buenos Aires durante varias horas al día.

Entre tanto, la inflación de marzo comenzó a generar expectativas.

El discurso de los funcionarios es que el mes pasado, a partir de que el dólar se quedó quieto y los salarios menguaron su poder de compra, la inflación habría bajado al 2% su ritmo de aumento.

Varios analistas privados coincidían con esa visión pero el resultado inflacionario de la tercera semana de marzo les habría jugado una mala pasada y ahora está pronosticando subas de 2,6 a 2,8 por ciento, lejos de lo que podría considerarse una desaceleración inflacionaria significativa.

Mientras la pelea entre las suba de precios y salarios cobra intensidad los mercados miran otro lado y viven en una fiesta financiera que terminará pagando toda la población.

Los bonos argentinos están siendo en estos días motivo de demanda por parte de grandes fondos de inversión, especialmente de los Estados Unidos.

Varios representantes de esos fondos están pasando por Buenos Aires para interiorizarse sobre la situación política y financiera del país.

Algunos de ellos parecen haber sacado cuentas rápidamente y estarían comprando activos argentinos.

Los datos están a la vista. Cristina Kirchner necesita dólares, va camino a terminar su mandato y los bonos, en gran parte por la desconfianza que genera el propio Gobierno, ofrecen rendimientos imposibles de lograr en otro lugar del mundo.

Una comparación da una idea palpable del resultado.

El bono conocido como Bonar 2017 le ofrece a los ahorristas un 11% anual en dólares.

El título colombiano que es equivalente al argentino rinde 4%.

Siete puntos de diferencia anuales son más que suficientes para que esos fondos (a los que se etiqueta como gigantes cuando compran bonos y buitres cuando los venden o litigan), estén mirando con interés a la Argentina financiera.

La diferencia obviamente es mayor si se los compara con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que a diez años no llegan a rendir 3%.

De la fiesta financiera también participa YPF que salió a pedir US$ 1.000 millones y le ofrecieron US$ 5.000 millones demostrando que para los inversores es más confiable que el Tesoro Nacional. Pagó 8,75% anual de tasa.

YPF colocó deuda. Esos dólares se los va a vender al Banco Central y Juan Carlos Fábrega, titular de ese banco, comenzará a respirar más aliviado.

La entrada de los dólares de YPF anticipa la llegada de los de las exportaciones de soja, que comenzarán a bañar al mercado en las próximas semanas. Y una vez más el gobierno de turno podrá decir que una buena cosecha los salva.

En este caso, los cálculos oficiales prevén que por la soja y el maíz las reservas del Central suban en US$ 2.000 millones en los tres meses que vienen.

Esa creencia habría llevado a Fábrega a rechazar los US$ 1.000 millones que le ofrecía el banco Goldman Sachs y que el oficialismo festejó. La tasa propuesta, de 6,5% anual, hubiese resultado altísima ya que en ese tipo de operaciones ningún banco central paga más de 2 o 3%.

La necesidad de fondos turba las mentes de los funcionarios, pero en este caso pareciera que el Central pasó de largo.

La llegada de dólares por la soja, por el maíz, por YPF., y la de los pesos por la emisión de un bono en pesos por 10.000 millones están indicando que el Gobierno quiere dejar atrás los tiempos de escasez aunque tenga que llamar para que los inversores hagan una fiesta.

¿Y la cuenta quién la va a pagar?