Por: Carlos Burgueño - Cualquier acuerdo con los holdouts hoy es lejano, y lo más cercano en el tiempo es que haya que enfrentar a los ocho jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para convencerlos de que traten el caso del juicio argentino contra los fondos buitre. Éste fue el mensaje que el ministro de Economía, Axel Kicillof, les dejó el sábado en claro a los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), en un encuentro que mantuvo en Washington durante su participación en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). La reunión sirvió además para que las partes se conozcan ya que, como ministro, Kicillof no se había encontrado personalmente con los representantes legales de la Argentina ante el "juicio del siglo".

Las últimas actitudes del fondo buitre Elliott de Paul Singer buscando, casi con desesperación avanzar en nuevos embargos contra bienes que directa o indirectamente tengan que ver con la Argentina (incluyendo cuentas del empresario Lázaro Báez). Desde Buenos Aires se interpretaron estos movimientos como un intento de Elliott de boicotear cualquier tipo de negociación primaria que el Gobierno de Cristina de Kirchner había comenzado a sondear con algunos bancos internacionales (dos entidades suizas y una norteamericana) y a algunos acreedores. Esta presunción se confirmó en la reunión de Kicillof con los abogados de CGS&H, donde además se opinó que en realidad la estrategia de Singer es la de esperar a que la Corte rechace tomar el caso argentino, para luego presionar por un eventual acuerdo, pero en la máxima posibilidad de presión sobre los deudores.

Por esto, en ese encuentro de Washington, la conclusión fue que hay que potenciar al máximo los esfuerzos para que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. tome el caso y, como mínimo, retrase la estrategia del fondo buitre.

Según la conversación en la capital de norteamericana, hay una posibilidad importante de, al menos, que los ocho miembros del máximo tribunal que definirán la cuestión entiendan la gravedad del asunto que les tocará analizar. Será el próximo lunes 21 de abril cuando la Corte escuche por primera, y quizá única vez, a los representantes legales tanto de la Argentina como de los fondos buitre. El caso es en relación con una causa paralela denominada "Discovery" por la cual los bonistas reclaman el derecho a embargar las cuentas públicas que utiliza el Gobierno argentino para lo cual éstas deben ser "abiertas" a consideración del juez de primera instancia Thomas Griesa. Se descuenta que este magistrado, que siempre falló un 100% en contra de la Argentina, luego decidiría el avance sobre esas cuentas. Hasta ahora este caso es el único que abrió la Corte para que se discuta el caso argentino sobre el juicio de los fondos buitre, y el argumento del exprocurador de George W. Bush Paul Clement, contratado por la Argentina bajo recomendación de CGS&H, es que ése será el ámbito ideal para lograr que los jueces de la Corte presten atención a la situación y definan que realmente el juicio debe ser aceptado dentro de los no más de 80 casos que el Tribunal trata por año. Clement asegura que si se pierde esta oportunidad, será difícil lograr otra chance.

Axel Kicillof finalizó el sábado su viaje a Washington y llegó ayer a Buenos Aires. En la reunión con el estudio participaron además la embajadora Cecilia Nahón y el secretario de Finanzas, Pablo López. El ministro dejó ante los participantes de la asamblea del FMI (organismo que apoyó al país en el juicio) de Primavera que la Argentina es el "espejo del porvenir de algunos países que están preocupados" ante la posibilidad de tener que atravesar procesos de reestructuración de deuda, ante un escenario en donde no existe legislación internacional que lo regule. Kicillof se refirió de esta forma a la referencia explícita que hizo en torno al tema el G-24 en el marco de la Asamblea de Primavera (boreal) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), ante los potenciales "problemas futuros" que puede desencadenar sobre los procesos de reestructuraciones de deuda soberana la causa que la Argentina enfrenta ante la Justicia estadounidense en contra de los fondos buitre.

El juicio que llevan adelante los holdouts en los tribunales de Nueva York busca el pago de u$s 1.300 millones de parte del Estado por bonos impagos. Sin embargo, de quedar firmes las sentencias de primera y segunda instancias a favor de los fondos buitre, la Argentina asegura que nuevamente entrará en default al tener que afrontar la caída de los dos canjes de deuda que lograron un apoyo del 93% de los acreedores caídos en default en 2001 ya que debería enfrentar pagos por unos U$S 23.000 millones.