“Desde 2003, el gobierno nacional ha aplicado una política de subsidios a los servicios públicos, con el objeto de aliviar la situación de todos los usuarios, castigados por los efectos de la crisis, pero el contexto ha mejorado lo suficiente para muchos sectores, como para que se puedan corregir algunas inequidades provocadas por la urgencia con la que hubo que adoptar la medida, de modo que se pueda seguir beneficiando a los sectores más vulnerables, que aún requieren la ayuda del Estado”, le dijo Rivas a El Cronista.

El proyecto lleva la firma de los diputados oficialistas Diana Conti, Juan Marcopolus, María Ester Balcedo, Alejandro Abraham, Horacio Avoscan, Jorge Barreto, Adriana Puigross, Mariela Ortiz y Ana María Perroni.
La medida había sido insinuada oportunamente tanto por la presidenta Cristina Fernández, como por el jefe de Gabinete Jorge Capitanich cuando el Gobierno avanzó en la flexibilización de las restricciones cambiarias y volvió a autorizar la compra del billete estadounidense para ahorro, a principios de febrero. Hoy esas operaciones le insumen poco más de u$s 150 millones por mes al BCRA y el promedio arroja unos u$s 500 por operación si bien se trata de un cociente entre el monto total y la cantidad de operaciones.

A fines de marzo el ministro de Economía Axel Kicillof anunció junto a su par de Planificación Julio De Vido una quita de subsidios al agua y al gas en la Capital Federal de acuerdo a los barrios, pero no hubo nuevos indicios.
“Creemos que aquellos usuarios con suficiente capacidad de ahorro como para destinar parte de sus ingresos a adquirir mensualmente al menos u$s 1.000 dólares se encuentran seguramente en condiciones de afrontar el pago del precio pleno de servicios como el gas natural, la energía eléctrica y el agua potable, y deberían por lo tanto dejar de beneficiarse de los subsidios desde el momento en que acceden a la compra de esa cantidad de moneda extranjera con fines de atesoramiento”, agregó Rivas.

El proyecto entró ayer a Diputados por lo que no tiene giro a Comisiones, ya que se trata de una semana corta. Esto quiere decir que recién la semana que viene es probable que se defina en qué comisiones se debatirá, lo que significa definir qué diputados y partidos van a imprimirle el ritmo del debate.

“Si la Casa Rosada le llega a dar luz verde, tiene mayoría en las dos cámaras, así que no tendría problemas en ser ley”, señaló una fuente del Congreso.

En las últimas semanas, el Gobierno empezó a allanar el camino para reducir las subvenciones a la electricidad, que provocarían otra suba en la prestación de un servicio. El objetivo es congelar los precios de la distribución de luz en las provincias.