Por VERONICA DALTO - El Banco Central (BCRA) acumula tal cantidad de expedientes por infracciones cambiarias que no da abasto para procesarlos con seriedad, y corre riesgo de que prescriban o que se acumulen indefinidamente.
Se trata de un problema histórico que cada presidente de la entidad encuentra e intenta solucionar, hasta ahora sin éxito, pero que tiene consecuencias en el presupuesto que maneja la entidad monetaria y en la responsabilidad de los funcionarios públicos, según coincidieron las fuentes consultadas.
La mayoría de las infracciones se origina en reportes que realizan los bancos automáticamente por incumplimientos de la normativa cambiaria, por empresas que no liquidan las divisas en los plazos previstos o por montos menores a los declarados, pero sin discriminar si son graves en cuanto a monto y días.
“Es un problema que lleva muchos años, con atrasos en la tramitación de las causas”, dijo el abogado Carlos Gerscovich, socio del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt, quien afirmó que cuenta con información de que serían más de 80.000 los expedientes acumulados entre 40 empleados para procesarlos.
Un funcionario que confirmó el caudal acumulado y pidió no ser nombrado explicó que el grueso de los expedientes nace de “la información que los bancos están obligados a informar al BCRA por incumplimientos de normativas cambiarias. No discriminan el grado de incumplimiento. Si hay 180 días para liquidar y el exportador liquidó a los 181, lo denuncian automáticamente”.
Lo mismo sucede con los montos. Según coincidió un ex director de la entidad, hay expedientes por valores irrisorios. “Hay una cantidad muy importante de sumarios con poca entidad y poca chance de ser sancionados a futuro”, explicó.
Otras infracciones se originan por los cambios en la normativa cambiaria (por ejemplo, desde el cepo de 2011), ya que a los particulares y casas de cambio les cuesta asimilar los nuevos topes, plazos y documentación a presentar.
“Se sabe que existe mucha preocupación por este tema, y en la solución inciden el gasto público y el presupuesto del BCRA”, explicó Gerscovich. “Es una cuestión bastante difícil: además de los deberes de los funcionarios públicos, está el riesgo de la prescripción, tema delicado que compromete la responsabilidad de los actuantes”, explicó.
Los expedientes se acumulan en la Superintendencia de Financieras y Cambiarias (Sefyc), en las gerencias de Control y la de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, con unas 40 personas disponibles para resolver los más de 80 mil expedientes. Porque, además, la Sefyc tiene facultades sumariales por infracciones de las entidades financieras, una tarea a la que destina más recursos.
Según indicaron voceros de la entidad, “el BCRA, a través de la SEFYC, está llevando a cabo políticas que permitan agilizar la gestión de las investigaciones abiertas por infracciones cambiarias”.
Explicaron que “se está trabajando en un plan de acción que considera, entre otros puntos, la adecuación de la normativa y de los procedimientos internos; el apoyo de herramientas informáticas; la mejora de los recursos asignados; la definición de prioridades, y la interrelación con otros organismos de supervisión y control”.
Por ahora, “el BCRA intenta hacer una depuración y enfocarse en lo mas importante”, contó el funcionario. La entidad inicia los sumarios para que los expedientes no cumplan el plazo de prescripción de seis años, según la ley Penal Cambiaria. “Es imposible ver todo”, agregó.
Según coincidieron las fuentes consultadas, el problema es histórico. “Desde siempre se vio al BCRA buscando una solución para este problema, pero hasta ahora no la ha encontrado”, dijo el funcionario.
Gerscovich, que fue gerente de Asuntos Judiciales del BCRA desde 1975 hasta 1990, recordó entre las causas de la acumulación de expedientes “la falta de presupuesto suficiente” y “el escaso personal afectado a las respectivas tareas”.
Según explicó el otro ex funcionario de la entidad, “el BCRA intentó que la Procuración del Tesoro dictaminara a favor del BCRA para poder aplicar el criterio de bagatela, y el BCRA pudiera mandar a archivo los expedientes que, por experiencia, no iban a terminar en nada, por falta de instrumentos probatorios e insignificancia del monto”. Porque armar un expediente tiene un costo mayor que el beneficio. “El criterio de bagatela no se pudo avalar con el Tesoro. Y tiene que seguir con los sumariales que se van a abriendo por menores que sea”, agregó.
Gerscovich explicó: “Una salida, que a mi juicio no es una solución, sería que se archivaran gran cantidad de las causas por resolución del directorio del BCRA o del superintendente de la institución. Podría hacerse administrativamente bajo ciertas condiciones, aunque tal decisión podría ser objetada y pasible de críticas”. En tanto, “incorporar personal idóneo puede no ser aconsejable por la situación patrimonial” del BCRA por el gasto que se comprometería.
La solución de máxima es cambiar la Ley Penal Cambiaria (19.359), pero eso requeriría pasar por el Congreso, por lo que la entidad está buscando soluciones internas.