Por: Carlos Burgueño - A un mes del comienzo formal de las negociaciones, muy diplomáticamente el Club de París le envió un mensaje a los funcionarios argentinos encargados de discutir el acuerdo para saldar la deuda de algo más de u$s 10.000 millones que el país tiene con ese organismo. Según se le comunicó al país, algunos de los estados acreedores no aceptarán que otra entidad financiera internacional reemplace al Fondo Monetario Internacional (FMI) como veedor de las cuentas argentinas. En esa posición se agruparon Alemania, Japón, Gran Bretaña, Holanda y otros países a los cuales la Argentina les debe dinero, y que deberían haber aceptado la propuesta por unanimidad.

Desde el Ministerio de Economía se les había propuesto, muy informalmente, la posibilidad de reemplazar al organismo que dirige Christine Lagarde con el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de desarrollo (BID), como alternativas para poder saltar la obligación que figura en la Carta Orgánica del Club de París, que sea el Fondo Monetario el que deba intervenir en cualquier acuerdo de pagos; aunque sea una fiscalización mínima prevista en el artículo IV del FMI.

La propuesta había sido deslizada durante las conversaciones que se mantuvieron en París con el Gobierno de François Hollande el 19 de marzo pasado, durante la visita oficial de Cristina de Kirchner. Allí funcionarios del Gobierno argentino le plantearon la cuestión al ministro de Economía local, Pierre Moscovic, negociador por su país en el Club con la idea de la Argentina es que, ante la casi obligatoria intervención del organismo que maneja Christine Lagarde aunque sea de una manera light (igualmente se peleará hasta el final para que no), haya otra fuente que dé certeza sobre "mecanismos de evolución de economía argentina confiables", según la frase que escuchó Moscovic. La diferencia con el FMI habría sido que en los casos del BM y del BID se hubiera tratado de elaboraciones de informes sobre la base de los datos que se les envían desde Buenos Aires a los dos organismos, quienes los toman como datos hechos. Luego serán los directorios que con influencias políticas de los gobiernos centrales de sus socios (América en el primer caso y los países desarrollados más China, Rusia, América Latina etc. en el segundo) deciden si la Argentina puede recibir o no fondos frescos para obras de infraestructura o servicios públicos.

El Gobierno de Cristina de Kirchner pudo destrabar este dinero en los últimos tiempos, y se garantizó créditos por más de u$s 6.000 millones hasta fin del actual mandato. Además, el país tiene estricto cumplimiento del pago de las cuotas de los créditos ya otorgados anteriormente. La idea oficial es que desde estos organismos se le dé al Club de París la visión sobre que las cuentas argentinas están en orden y que el país es un pagador riguroso, más allá lo que diga el FMI. Ahora habrá que esperar hasta el 28 de mayo, fecha formalmente fijada por la Argentina y los 19 socios el grupo a los que el país les debe dinero. Alemania y Japón son los más duros dentro de los principales acreedores. Ambos Estados consideran que es imprescindible la participación del FMI, aunque sea a partir de una revisión mínima dispuesta en el artículo IV de la Carta Orgánica.

La decisión de aceptar o no esta alternativa, en el caso de que no haya otra opción, la tomará personalmente la jefa de Estado y se esperará hasta último momento. Obviamente éste será después del encuentro previsto para el 28 de mayo en París, donde además se verá públicamente qué tan pétrea es la decisión de los Estados acreedores más importantes sobre la intervención del organismo que maneja Lagarde.