Por Pablo Fernández Blanco - El conjunto de resoluciones que dio a conocer el Gobierno a principios del mes pasado para poner en marcha aumentos en el servicio de gas superiores a 600% encierra un mecanismo hasta ahora poco difundido para resolver futuras subas de tarifas. Compromete a los organismos oficiales a revisar cada seis meses la evolución de los costos de las distribuidoras, como Metrogas y Gas Natural Fenosa, y de las transportadoras (TGN y TGS), para determinar si la marcha de la inflación justifica otorgarles mayores aumentos.

En otros términos, las boletas de gas de hogares, comercios y estaciones de GNC podrían sufrir ajustes dos veces al año en caso de que así lo decida una evaluación del Enargas, el ente regulador del sector, que conduce Antonio Pronsato, un hombre allegado al ministro de Planificación, Julio De Vido.

Aunque lo presentó como una reducción de subsidios, el Gobierno autorizó a principios de abril ajustes sensibles en las tarifas por primera vez en más de una década a once firmas gasíferas a través de diversas resoluciones guiadas por el mismo espíritu. En una de las más importantes, como la que se refiere a Gas Natural Fenosa, recuerda que el acta acuerdo firmada con la empresa establece "un mecanismo de monitoreo de costos a aplicar semestralmente a partir de la fecha de inicio de la readecuación tarifaria". Algo similar dispuso para Metrogas, empresa hoy en manos de YPF.

Gas Natural Fenosa (ex Gas Ban) es la segunda entre las mayores distribuidoras del país. Atiende a siete millones de personas, principalmente en el Gran Buenos Aires. La resolución que autoriza su ajuste de tarifas estipula que la aplicación del mecanismo para monitorear los costos "puede determinar, de corresponder, el traslado a la tarifa de la distribución de las variaciones, ponderadas en su incidencia, de los costos de explotación y del plan de inversiones acordados".

Las actas acuerdo a las que hacen referencia las resoluciones que convalidaron los últimos aumentos datan de años. En el caso de esa empresa, por ejemplo, se firmó en 2005. Pero su recuperación en la batería de documentos publicados en el Boletín Oficial el mes pasado les dan nueva vigencia.

En la misma línea está lo dispuesto para Metrogas, la principal distribuidora del país. El decreto 445, que firmó la presidenta Cristina Kirchner y fue publicado en el Boletín Oficial el 7 de abril, justifica los aumentos en que la empresa había solicitado que se le aprobara "la adición de incrementos tarifarios que le permitieran continuar con la ejecución de las obras necesarias para la prestación del servicio, así como la implementación de un monitoreo de costos", es decir, la revisión semestral.

La mayor parte de los empresarios del sector gasífero puso la mirada en esos párrafos.

Negociación constante

Desde principios de año hay un peregrinaje de empresarios del sector que visitan el Ministerio de Economía. Pidieron hablar con el jefe del Palacio, Axel Kicillof, pero los derivaron hacia Cynthia de Paz, la subsecretaria de Política Económica, número dos de Emmanuel Agis, mano derecha del ministro y titular, por lo menos en los papeles, de la Comisión que fiscaliza las inversiones en el área energética. Sin aviso previo, el Gobierno bendijo esas reuniones con los aumentos tarifarios.

Con el mismo objetivo, los empresarios volverán a pedir audiencia con la funcionaria en las próximas semanas y repetirán la dinámica de principios de año, según confirmaron varios de ellos a LA NACION.

En las vísperas del aumento, las empresas enviaron notas al Enargas para reclamar ajustes. La distribuidora bonaerense, por ejemplo, envió una nota el 21 de marzo en la que requería recursos adicionales para preservar "la cadena de pagos" y la "continuidad, seguridad y confiabilidad del servicio público que presta".

Si bien descuentan que los futuros aumentos de tarifas deberán contar con la voluntad política de la Presidenta, las licenciatarias de gas los reclamarán a partir de esos párrafos. Dicen que tras diez años de tarifas congeladas, las subas no les resultan más que un paliativo. Un estudio privado indica, por ejemplo, que TGN, la transportadora del norte del país, requería un incremento de 180% para equilibrar sus cuentas. Pero obtuvo 20%, al igual que TGS.

Para Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles de Néstor Kirchner, que participó del proceso que derivó en las actas acuerdo, esos documentos, recuperados por las resoluciones de abril, abren la puerta a revisiones semestrales. Pero aclaró: "El punto es que se cumpla. El Gobierno no cumple incluso lo que firma. Que la cláusula de revisión cada seis meses quede supeditada a la voluntad política no es positivo".

Desde otro lugar, un empresario que participó en las negociaciones de los últimos meses sostuvo: "No sabemos si nos van a dar un nuevo aumento, pero no nos alcanza. Ya estamos haciendo la fila para ir de nuevo". Al igual que sus colegas, recita de memoria el argumento que ponen en la mesa de discusión con el Gobierno. "Dicen que nos suben 100%, pero es un 100% de casi nada, porque nuestros ingresos estuvieron congelados por años", sostuvo..