Por VERONICA DALTO - Por una combinación de caída del crédito y de las tasas baratas que ofrecen los préstamos impulsados por el Estado, estas financiaciones alcanzaron más del 20% de lo que obtienen los privados. Aunque necesaria, según coinciden los economistas consultados, esta política activa que aplica el gobierno no logra ampliar el nivel de inversión.
Según el Estudio Broda, el crédito dirigido alcanza unos
$ 101,6 mil millones sumando el Programa de Financiamiento Productivo Bicentenario (PFPB), el Programa de Crédito Argentino (Procrear), la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP) y el nuevo Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear).
Se trata del 21,3% del crédito a los privados, que según el Banco Central (BCRA) era de $ 476.800 millones en abril pasado.
“El gobierno está muy preocupado por la desaceleración del crédito”, dijo Juan Manuel Pazos, economista de la consultora. “Si no puede conseguir que los bancos bajen las tasas para que el crédito vuelva a tomar carrera e impulse algo el nivel de actividad, va a continuar lanzando planes de crédito dirigido”, previó.
La mayor importancia que ganan los créditos inducidos por el Estado se da en un contexto de caída de $ 788 millones en el crédito a los privados entre marzo y abril pasados, tras la devaluación y la suba de tasas de interés que realizó el gobierno para estabilizar el frente cambiario.
“El sistema financiero es sólido y rentable, pero sesgado al corto plazo, al consumo y al capital de trabajo. En un contexto de alta inflación, el 90% de las colocaciones a plazo está a menos de un año, por lo que no se direccionan a préstamos a largo plazo. Y las tasas de interés son tan caras porque reflejan la inflación esperada”, dijo Juan Pablo Paladino, jefe de Investigaciones de Ecolatina. “Las medidas del gobierno son para que los bancos presten finalmente al sector privado. Pero la principal medida de redireccionamiento del crédito es combatir la inflación”, opinó.
Para las empresas y familias, los créditos que ofrece el Estado son sumamente baratos ya que las tasas están muy por debajo de la inflación real, mientras que los bancos cobran hasta más del 100% a las familias y más del 30% a las empresas.
“Son programas que han sido muy activos y son muy convenientes para las empresas, porque cambian financiamiento caro por uno regalado. A nivel macroeconómico tiene un impacto más moderado porque no genera más inversión”, dijo Maximiliano Castillo Carrillo, director de la consultora ACM.
El PFPB -que alcanzó los
$ 7.880 millones en febrero pasado, según el BCRA- financia mediante redescuentos del Central a una tasa del 9,9% anual hasta 5 años nuevos proyectos de inversión aprobados por una unidad ministerial.
El Procrear -que a diciembre pasado había desembolsado
$ 8.700 millones, según Anses,
y hoy tiene comprometidos
$ 19.942 millones, según el Banco Hipotecario- ofrece hipotecarios de hasta $ 400.000 con fondos jubilatorios a 20 años, a un costo financiero de hasta 17,65%.
La LCIP está por cumplir al 30 de junio la meta de $ 75.000 millones, este semestre a una tasa del 17,5%, que tienen que brindar los bancos como un porcentaje de sus depósitos.
Luego el Fondear promete
$ 10.000 millones administrados por Nación Fideicomisos y destinados a proyectos de “sectores estratégicos” avalados por un Comité Ejecutivo.
Además, a nivel institucional los programas generan dudas: la falta de transparencia sobre los destinatarios, la discrecionalidad de los funcionarios que autorizan los proyectos, etc.. En tanto, “el subsidio implícito no está contabilizado en el presupuesto”, dijo Castillo, respecto de la plata que pierde el Estado por cobrar una tasa de interés por debajo de la inflación.